Gobierno español entregó al régimen de Maduro al opositor Ernesto Quintero
Abogados de Ernesto Quintero argumentaron que el motivo usado por el régimen de Nicolás Maduro para solicitar su extradición “es rotundamente falso, sino que además oculta la motivación política”, a lo que agregaron que la vinculación del opositor con la empresa “era de subordinación absoluta” y con “funciones meramente administrativas”
Autoridades españolas entregaron este jueves al régimen venezolano al ciudadano opositor, Ernesto Quintero, antiguo empleado de una casa de Bolsa en Caracas, acusado de una presunta estafa.
Dicha extradición ha causado “indignación y estupor” en la comunidad venezolana residenciada en España. “Es un grave precedente que nos preocupa e indigna a todos. Hemos pedido explicaciones a las autoridades”, indicó Antonio Ecarri, quien ejerce como jefe de la misión diplomática designada por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015, en la nación Ibérica.
De acuerdo con el diario El Mundo, la defensa del opositor al régimen de Nicolás Maduro, ha intentado durante 29 meses luchar contra el proceso, sin recibir respuestas de las autoridades españolas. De la misma manera, han sido desestimadas distintas peticiones de asilo.
Quintero fue detenido por las autoridades españolas en un control policial en Madrid el pasado 10 de febrero de 2021, luego de que se advirtiera una notificación roja de la Interpol en su contra, situación por la que lleva más de un año en prisión provisional, en la cárcel madrileña de Soto del Real.
El ahora deportado ejercía como administrativo en ABA Mercado de Capitales, una de las casas de bolsa intervenidas por Hugo Chávez en 2010.
Ni la Audiencia Nacional ni el fiscal ni el Consejo de Ministros atendieron las demandas no sólo de sus defensores, también Agencia de Refugiados de Naciones Unidas (ACNUR), que en un escrito subrayó el arraigo familiar de Quintero y recomendó «el no retorno y la valoración adecuada de sus necesidades de protección internacional, teniendo en cuenta la situación humanitaria y de seguridad en Venezuela».
«Un inocente sin juicio ni debido proceso. Todas las gestiones realizadas con el gobierno de España han dado como resultado el silencio», protestó la diputada popular Valentina Martínez.
Ante lo que parecía una extradición inevitable, el grupo parlamentario popular ha presentado una proposición no de ley para que desde la delegación diplomática en Caracas se exija al gobierno de Maduro «el respeto escrupuloso a los detenidos y al debido proceso» ante la «proliferación de maltrato en las cárceles, evitando así que el gobierno de España se convierta en cómplice de malos tratos a los detenidos».
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