Silencio y destrucción es lo que queda de la otrora próspera frontera con Colombia
Durante la noche del 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro, decretó el cierre de los pasos de frontera entre Venezuela y Colombia a través de los puentes internacionales que unen a ambas naciones. Días después, un Estado de Excepción acabó con la prosperidad de seis municipios del estado Táchira
Por Rosalinda Hernández C.
La noche del 19 de agosto de 2015, Nicolás Maduro decretó el cierre de la frontera con Colombia que hoy, cuatro años después, se mantiene a medias. El ataque contra un vehículo en el que se movilizaba personal militar fue el detonante para mantener cerrado el paso binacional por un año, hasta agosto de 2016, fecha en la que se permitió nuevamente la entrada y salida hacia Colombia pero solo para peatones.
En aquellos aciagos días, quedó documentado a través de varias ONG defensoras de derechos humanos, el desplazamiento forzoso de 22.600 personas, la deportación de 1.500 ciudadanos colombianos y la destrucción de 200 viviendas en la zona conocida como “La Invasión”, donde se agrupaban los barrios “Che Guevara”, “Mi pequeña Barinas” y “Hugo Chávez”, áreas donde las fuerzas de seguridad venezolanas ingresaron y marcaron las viviendas con las letras R (revisión) y D (demolición).
A cuatro años de los hechos que marcaron un antes y un después para la frontera colombo-venezolana, los pobladores de la zona conversaron con TalCual y pusieron en el tapete lo que consideran una serie de arbitrariedades, que no solo terminaron con una de las zonas fronterizas más dinámicas y productivas de esta parte del continente, sino que también destruyó los sueños de familias enteras que quedaron separadas y sin bienes materiales para sobrevivir.
La frontera pujante
Los municipios fronterizos Bolívar y Pedro María Ureña son dos localidades que en momento fueron prosperas y de las que hoy solo queda el recuerdo, pobreza y desolación.
En los tiempos de la gloria financiera venezolana, por la frontera del Táchira se exportaban mercancías de distintos géneros, incluso parte y piezas para el ensamblaje de automóviles, recuerda Israel Rincón, quien fungió durante 10 años como funcionario adscrito a la administración de la aduana principal de San Antonio.
Antes de agosto de 2015, la actividad aduanera era una de las ramas más competitivas de la zona y generaba un movimiento económico que producía importantes ingresos fiscales al país por concepto de tributos; además de ganancias a los auxiliares de la administración aduanera (agencias de aduanas, transportistas y almacenadoras) que prestaban el servicio de comercio exterior, dice Manuel Hernández, propietario de una agencia de aduanas en San Antonio que ha decidido cesar sus funciones, ante la grave crisis que atraviesa.
En esta frontera se hacían trámites de importación y exportación con mercaderías provenientes de diversas partes del mundo, agregó el representante de aduanero.
San Antonio es recordada por sus habitantes como la vitrina comercial del eje fronterizo, y aseguran que en innumerables ocasiones compitió con la ciudad colombiana de Cúcuta, en cuanto al comercio se refiere.
Por su parte, la vecina Ureña, conocida como la capital industrial del Táchira, albergaba antes del cierre de la frontera seis de las 10 industrias de carrocerías que existían en el país. Además, de una importante industria textil, de calzado, metalmecánica y un central azucarero convertían a Ureña en una potencia reconocida a nivel internacional. Hoy se encuentra paralizada en un 70%, de acuerdo a los datos suministrados por Bladimir Tovar, gerente de Asuntos Fronterizos de Fedecamaras Táchira.
Entre anarquía y miedo
Cuatro años después de cerrado el paso vehicular con Colombia, las causas que originaron la intempestiva medida aún prevalecen, dejando al descubierto una crisis económica y social que tiende a radicalizarse.
Más allá del caos que se vive en cada esquina, el miedo a hablar, a denunciar, se convirtió en parte de la dinámica fronteriza. TalCual trató de conversar con un grupo de exfuncionarios policiales en una cola para surtir combustible en la localidad de San Antonio, y la respuesta fue dar la espalda.
En la zona conocida como “La Invasión”, en donde se originó el desalojo de viviendas y la deportación de decenas de colombianos, está prohibido hablar. “Es mejor no meterse en problemas, aquí todos vivimos bien”, señaló un vecino que prefirió no identificarse
La entrada de los barrios Hugo Chávez, Che Guevara y Mi Pequeña Barinas poco ha cambiado desde hace cuatro. Las mismas calles de tierra y escombros de lo que fueron viviendas son la constante. Sobresale en el sombrío panorama los grafitis en las paredes apenas frisadas de algunas viviendas la inscripción que reza: “La revolución y la guerrilla avanzan junto al pueblo organizado”.
«Aquí se vive bien, todo está muy organizado y no hay delincuencia. Nadie se mete con nadie desde que ellos llegaron”, dice María, una habitante del área que se niega a dar otra identificación. Cuando se le pregunta a quiénes se refiere con “ellos”, abandona la conversación, pide que no se le meta en problemas y se marcha.
Otro de los habitantes de la zona la contradice al señalar que la inseguridad se ha recrudecido, al punto de que poblaciones como Ureña se encuentran totalmente militarizadas y bajo un toque de queda no anunciado luego de las 5 de la tarde.
“¿Por qué hay tantas tanquetas en San Antonio y Ureña? ¿Por qué el aeropuerto Juan Vicente Gómez (San Antonio), a pesar de estar cerrado recibe constantemente aviones y helicópteros? Nadie puede responder eso, pero por ahí saca usted cómo estamos de seguridad”, reveló el vecino de la frontera que pidió anonimato.
Un error sin enmienda
Lo complicada que resulta la movilización a un lado y otro de la frontera es a menudo una de las quejas más frecuentes de los habitantes de las poblaciones cercanas a Colombia. “Cuando traemos algo de Cúcuta ya sanemos que hay que pagar o lanzarnos por las trochas, que de igual modo por ahí también hay que pagar o si no le quitan a uno lo poquito que trae, lo matraquean”, dijo Jesús, vecino de Ureña.
Ni en San Antonio ni Ureña se puede hacer un mercado “normal”, pues son muy escasos los productos hechos en Venezuela que llegan a estas zonas. Contrariamente, abundan los productos de marcas colombianas pero a un costo superior al que se compra en el país vecino
El cierre de la frontera es visto por las personas consultadas como “uno de los peores errores que ha podido cometer el gobierno de Maduro. Nadie puede ver ningún beneficio en ese desafuero que se cometió hace cuatro años, muestra de eso es ver como cada calle está cada vez peor, el comercio destruido, igual que todas las actividades económicas legales. Ni siquiera en el tema de seguridad, que fue uno de los elementos puntuales del cierre, se ha tenido éxito, nada ha mejorado”, afirma Antonio Chacón.
A su entender, el gobierno de Maduro, no ha hecho hasta ahora una evaluación certera sobre el cierre de la frontera. “Se cerró como una acción tranquila y poco pensada, perjudicando no solo a miles de venezolanos sino también a hermanos colombianos residentes aquí. Lo único que hace falta es que salgamos a pedir limosna porque no hay nada que hacer”.
Del próspero comercio, que en 90% se valía del Acuerdo de Tonchala para atender a los visitantes colombianos, nada queda. Solo pueblos fantasmas que sobreviven entre penurias a la falta de agua, electricidad, gas, vialidad e inseguridad, señala Bladimir Tovar, representante de Fedecamaras.
Para el año 2015 había operativas 96 agencias de aduanas, en 2019 se estiman que no más de 40 permanecen abiertas dentro del órgano competente (SENIAT), pero en cuanto a actividad todas están paradas, precisó Tovar. De 22 almacenadoras cerraron alrededor de cinco. Las demás están inactivas en lo administrativo al no registrarse movimientos de carga.
En cuanto al transporte, para antes del cierre de frontera existían 40 empresas de transporte de carga internacional debidamente autorizadas para hacer operaciones entre Colombia y Venezuela, de ellas solo quedan 10 activas pero con 90% de las cerca de 3.000 unidades paralizada
La deserción estudiantil en la zona de frontera es quizá la más acentuada de toda la región. La recesión en la zona ha provocado que en los últimos cuatro años, jóvenes y niños abandonen las aulas para buscar oficios informales y a veces al margen de la ley para sobrevivir y apoyar a su núcleo familiar.
“Cuando ingrese como docente al liceo Manuel Díaz Rodríguez, la nómina de profesores era de 200, mientras que la de los alumnos era un poco más de 1.400. Hoy solo tenemos 50 profesores y 400 estudiantes”, aseguró Pedro Bustamante, educador en la frontera, quien se ayuda con un negocio informal de venta de víveres colombianos en la puerta de su casa. “Es la única manera de mantener mi hogar y poder dar estudio a mis hijos. Mucha gente decide migrar por esta situación porque no hay manera de mantenerse”.
¡Abran la frontera!
La situación que generó el cierre de la frontera, la paralización, el Estado de Excepción y las medidas que según el gobierno llevarían a buscar mejores condiciones a la zona, nunca se concretaron.
“No hay nada nuevo ni hay paz. No puede haber paz cuando a los ciudadanos de la frontera se les ha perturbado la actividad productiva y la calidad de vida”, sentenció el vocero de Fedecamaras, quien conminó a Nicolás Maduro a reabrir la frontera y el intercambio comercial con Colombia.
Bladimir Tovar invitó a activar la Zona Económica Especial Fronteriza, creada en 2014 con la idea de impulsar la dinámica fronteriza. Recordó que en agosto de 2018, en el marco del Plan de Desarrollo Económico, el gobierno sacó el decreto de exoneración de impuestos de importación, del IVA y la tasa por servicio de aduana a una serie de productos, materias primas y otros insumos para atender las necesidades del mercado interno, todo ello con la idea la reactivación económica de la zona.
“Además han establecido el motor exportador, automotriz, industrial, agrícola y otros programas pero resulta que la ineficacia impide su aplicación. Ahora tenemos una zona quebrada donde la soberanía nacional es lo menos que se conserva”, concluye el representante de Fedecámaras Táchira.
