Frente Amplio opositor exige liberación «inmediata» de Miguel Rodríguez Torres
La oposición emitió un comunicado en rechazo a la detención de Miguel Rodríguez Torres y exige su «inmediata» liberación
El Frente Amplio Venezuela Libre (FAVL) -movimiento que agrupa a varios sectores de la sociedad que adversan al mandatario Nicolás Maduro- emitió un comunicado en el que rechaza la detención del exministro Miguel Rodríguez Torres por parte de efectivos del Sebin. A juicio de la coalición, es una respuesta del Ejecutivo contra aquellos que son disidentes a la ideología que profesan.
De igual forma, exigieron su liberación «inmediata», así como de todos los presos políticos y la persecución a los exilados.
Una cohesión entre ciudadanos «enfrentados en el pasado por sus ideales y convicciones, unificados hoy por el objetivo común de organizar y movilizar al pueblo venezolano para la conquista de la libertad y la superación de la crisis mediante verdaderas elecciones libres, justas y transparentes».
Para el FAVL, la posición crítica asumida por el mayor general contra el Gobierno actual y la decisión de «no convalidar el fraude electoral en marcha para el próximo 20 de mayo», así como su incorporación a este Frente, «evidencian la debilidad de quienes pretenden mostrarse fuertes, pero que en la realidad cada día se quedan más solos y sin pueblo”.
«Tarde o temprano todos serán perseguidos por el régimen. ¡Únanse al pueblo y defiendan la constitución!», exhortó a la ciudadanía.
Rodríguez Torres fue detenido en la tarde del 13 de marzo tras un evento de su organización, Movimiento Amplio Desafío de Todos, por, según un comunicado del Gobierno, planificar «acciones criminales» en las que se «incluían actos armados y conspiraciones» contra la Constitución.
Además, siempre según el Ejecutivo, «estaba siendo requerido por la justicia» por estar «incurso» en «conjuras y complots que perseguían la intención aviesa de atentar contra la unidad monolítica» de las Fuerzas Armadas.
Rodríguez Torres, separado del Gobierno de Maduro en 2015, anunció en febrero que la Contraloría General le inhabilitó políticamente por un año, impidiéndole así participar en las elecciones presidenciales del 20 de mayo, una decisión que calificó entonces de «falso positivo» para sacarlo de la arena política.
