ForoChat | «Cualquiera que critique a las instituciones puede ser considerado fascista»
El abogado Alí Daniels afirmó que en países que sí han padecido el fascismo como Austria, Alemania e Italia, existen normas que lo condenan, pero no tienen castigos tan severos como los que se quieren imponer en Venezuela
Este martes 23 de abril, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, inauguró el primer forochat de TalCual: «Proyecto de ley contra el fascismo: ¿qué contempla y cuáles son sus implicaciones», donde compartió con más de 300 lectores a través de WhatsApp.
El abogado dijo que este proyecto de ley se plantea en un contexto electoral donde el gobierno en lugar de ocuparse en hacer planes y proyectos electorales, lo que ha hecho es presentar instrumentos de represión.
«Este proyecto de ley contra el fascismo aumenta el número de situaciones por las cuales una persona puede ser detenida por considerarse opositora. Se trata de una política de Estado de persecución y de incorporar más miedo en la población a los efectos de amedrentar y callar las voces disidentes en la sociedad», enfatizó.
El 2 de abril la Asamblea Nacional de 2020 aprobó en primera discusión el «proyecto de ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares», que consta de 30 artículos repartidos en cuatro capítulos. Varias oenegés han denunciado que este proyecto cerca al espacio cívico venezolano e impone una mayor criminalización, con el objetivo de inhibir los reclamos y participación en tiempo electoral.
Durante el encuestro virtual, Alí Daniels destacó que este instrumento establece sanciones con privativas de libertad que van de 8 a 12 años, en algunos casos, y de 6 a 10 años, en otros. Además, existe la posibilidad de inhabilitar personas, disolver reuniones y partidos políticos.
El abogado agregó que el proyecto también contempla la imposición de multas para asociaciones y la pérdida de licencia para los medios de comunicación que estén bajo la regulación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Detalló que para los medios impresos o digitales las sanciones son muy altas, «entre 50.000 a 100.000 dólares o más, dependiendo del tipo de cambio, por lo que podría hablarse de multas confiscatorias», afirmó.
«También será sancionado quien denigre de la democracia y sus instituciones, pero el tema es qué se entiende por denigrar si alguien critica al Consejo Nacional Electoral (CNE) o al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que son instituciones del Estado”. Explicó que se está poniendo en un mismo artículo la misma sanción para una acción de violencia y de opinión. “Cualquiera que critique a las instituciones del Estado puede ser considerado fascista y ser objeto de una pena de 8 a 12 años”.
A su juicio, este instrumento no sanciona hechos, sino palabras, opiniones e ideas, lo que genera que haya más censura y que las personas traten de «expresar menos sus opiniones para que el Gobierno disminuya las críticas que legítimamente los ciudadanos puedan hacer». Acotó que prácticamente cada artículo de este proyecto está sujeto a una discrecionalidad que se convierte en arbitrariedad.
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Daniels agregó que en países que sí han padecido el fascismo como Austria, Alemania e Italia, existen efectivamente normas que condenan al fascismo, pero no tienen castigos tan grandes como el que se quiere imponer en Venezuela.
Recomendó que la ciudadanía, a través de las redes sociales y de las comunidades, informen de la existencia de este proyecto. Daniels cree que no debería existir este instrumento en un país democrático. «No se puede sancionar las opiniones de las personas o las posiciones conservadores de las mismas ni mucho menos el que se critique a las instituciones democráticas o las instituciones de un país». Por ello reiteró la importancia de que la ciudadanía exprese su rechazo de manera civil y pacífica «para poner en evidencia que no estamos a merced de un Gobierno que pretenda tomar medidas sin que la ciudadanía al menos exprese su opinión en contra», expresó.
