Fin de parole deja a migrantes en riesgo de detención, incluso si tramitan asilo
El parole humanitario permitía a migrantes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití trabajar y residir en Estados Unidos de forma temporal, pero su revocatoria los convierte en migrantes indocumentados, sin protección legal ni laboral, y en riesgo de detención y deportación
El parole humanitario fue una política migratoria creada por la administración de Joe Biden en el año 2022 para frenar el ingreso irregular de migrantes por la frontera sur y ofrecer una vía legal y temporal a ciudadanos de países en crisis: Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, pero fue revocada y miles de ciudadanos quedan en un limbo.
Por medio del programa, más de 530.000 personas ingresaron legalmente a Estados Unidos, pero el pasado 30 de mayo la Corte Suprema de Justicia permitió la revocación del parole a todos estos ciudadanos.
Contexto
El gobierno de Joe Biden autorizó el programa Parole Humanitario para buscar reducir las entradas ilegales a Estados Unidos y acoger a los migrantes provenientes de naciones con situaciones críticas como regímenes autoritarios, violencia armada o crisis humanitarias.
No obstante, este y otros programas de acogida para migrantes han sido criticados por sectores conservadores y, desde la llegada de Trump al poder, el mandatario se ha dedicado a buscar vías legales para desmantelar las protecciones migratorias adoptadas por su predecesor; impulsando las detenciones de extranjeros y deportando a miles de ciudadanos.
Pese a que en el mes de abril la magistrada de distrito de Boston Indira Talwani dictaminó que no podía proceder una suspensión masiva de paroles sin que se revisara cada caso de forma individual, esta decisión fue válida hasta el pasado 30 de mayo, cuando la Corte Suprema de EEUU autorizó revocar el programa migratorio.
¿Qué dijo la Corte Suprema sobre el parole humanitario?
La Corte Suprema de EEUU avaló la decisión del gobierno de Donald Trump de revocar el programa parole humanitario y argumentó que el Ejecutivo tiene la potestad para modificar o anular programas discrecionales de admisión.
Tras la decisión de la Corte, todos los migrantes beneficiarios del parole quedaron automáticamente sin estatus migratorio regular y, por ende, quedan en riesgo de ser detenidos, perder sus empleos y ser deportados.
*Lea también: Corte Suprema de EEUU autoriza revocar parole humanitario a más de 500.000 migrantes
Los afectados son los pocos más de 530.000 ciudadanos que ingresaron a Norteamérica mediante este programa:
- 211.000 haitianos
- 117.000 venezolanos
- 110.000 cubanos
- 93.000 nicaragüenses
Opinión experta
Organizaciones migratorias y defensoras de derechos humanos han alertado que el fin del parole humanitario deja a este medio millón de personas en situación de vulnerabilidad legal y humanitaria.
La abogada especializada en inmigración Rosaly Chaviano advirtió durante una entrevista en el programa Daniel Benitez News, que se transmite por Youtube, que más allá de la cancelación del permiso de trabajo para estas personas, lo que más preocupa es que el Gobierno de EEUU aproveche este fallo para activar las redadas y detenciones masivas.
«Realmente esto es algo que ya estaban planeando. Solo esperaban que la Corte Suprema les diera luz verde», señaló Chaviano.
De la misma manera, explicó que muchas personas desconocen que tener una solicitud pendiente como asilo, TPS o residencia no los protege automáticamente contra una detención. Insistió que los funcionarios del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) pueden proceder a arrestarlos y presentarlos ante una corte migratoria, donde podrían ser deportados si el juez niega su caso.
«Es fundamental que los migrantes se preparen para el peor escenario. Deben llevar consigo todos los documentos que acrediten que tienen solicitudes en curso, designar a un familiar o abogado para actuar en su nombre y saber a quién llamar si son detenidos», enfatizó la abogada Rosaly Chaviano.
¿Qué se teme?
La principal preocupación de abogados y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes es que la decisión de la Corte marque el inicio de una ola de redadas y operativos migratorios, especialmente en las ciudades con alta concentración de migrantes beneficiarios del parole humanitario.
La abogada Chaviano alertó que ya están ocurriendo detenciones silenciosas: «Muchas personas desafortunadamente no sabían lo que estaba pasando y de repente nunca salieron libres de las cortes de inmigración», añadió.
¿Ahora qué?
El fin del parole humanitario podría tener un impacto social y económico significativo en Estados Unidos. Las personas beneficiadas por el programa trabajan legalmente, pagan impuestos y cumplen con las leyes locales.
Muchos de los beneficiarios del parole trabajan en fábricas, construcción, ocio, hotelería, atención médica y otros campos. El fin de este programa no solo los deja a ellos en la cuerda floja, sino que con su expulsión se estima que Estados Unidos pierda unos $5.500 millones cada año.
Específicamente, 40.000 trabajan en manufactura, 30.000 en construcción, 30.000 en ocio y hotelería y 30.000 en servicios de salud.
Según los datos manejados por FWD.us de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del Censo, más de la mitad de los beneficiados ya tenía un buen dominio del idioma inglés, casi todos cuentan al menos con un diploma de escuela secundaria y 63% tiene algún tipo de educación universitaria.
La anulación del parole conlleva la cancelación de los permisos de trabajo y cualquier otra protección contra la deportación.
En resumen
La decisión de la Corte Suprema de validar el fin del parole humanitario deja en una situación crítica a más de medio millón de migrantes que ingresaron legalmente a Estados Unidos desde 2022.
Aunque el permiso les permitía trabajar y residir en el país de forma temporal, su revocatoria los convierte en migrantes indocumentados, sin protección legal ni laboral, y en riesgo de detención y deportación.
Expertos temen que esta decisión sea utilizada por las autoridades migratorias para acelerar operativos de captura y limitar el acceso a beneficios migratorios como el asilo.
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