Efectos Venezuela, por Felix Arellano
Felix Arellano | [email protected]
La gravedad de la situación venezolana, que se incrementa progresivamente, con profundas consecuencias sociales, económicas y políticas, incluso para los países de la región, sigue representando un reto para la institucionalidad internacional, para sus normativas, particularmente en lo relativo a derechos humanos y defensa de la democracia; para el sistema multilateral y para las tendencias que promueven la democratización y humanización de la dinámica global. Lo novedoso de la situación nos está permitiendo observar debilidades y limitaciones, pero también ideas e iniciativas que pueden contribuir a perfeccionar el ordenamiento vigente.
Uno de los primeros retos tiene que ver con la institucionalidad hemisférica, en particular la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Cartas Democráticas vigentes tanto en la OEA, como en el Mercosur. En el caso de la OEA, si bien contamos con la valentía del Secretario General el Sr. Luis Almagro, que pese a los obstáculos, decidió utilizar las prerrogativas que le ofrece la Carta en su Artículo 20 y activar su aplicación; luego, nos encontramos con los rigores de la realidad. Por una parte, un sistema de votación que confiere un peso determinante a los gobiernos de las islas del Caribe anglosajón que, actuando en grupo, se constituye en la práctica en un veto.
La actuación en bloque del Caribe en la OEA tiene historia y el gobierno bolivariano la ha sabido capitalizar con una política asistencialista efectiva, que tiene como programa estrella a Petrocaribe. Frente a la poderosa chequera petrolera bolivariana, no siempre transparentes, no resulta fácil para la oposición democrática venezolana lograr apoyos; empero, debemos reconocer que con el tiempo la unidad caribeña se ha debilitado.
Otra limitación que se ha apreciado en la aplicación de las Cartas Democráticas en el hemisferio, es la nula participación de los afectados por la violación de los derechos humanos, quienes deberían tener espacios definidos y protegidos para la denuncia y su defensa. En el caso venezolano, el Secretario Almagro ha promovido la formación de paneles que recibieron a los denunciantes, empero, son un mecanismo sin efectividad jurídica, que debería ser incorporado en los cambios futuros a promover.
En el caso del Mercosur, los gobiernos no han logrado la disposición para profundizar en la diversidad de sanciones previstas en el segundo Protocolo de Ushuaia, seguramente por las contradicciones que sobre el tema venezolano caracterizan al gobierno uruguayo. Ahora bien, ante la agudización de la situación venezolana, seguramente los países del Grupo de Lima se puedan ver obligados a recurrir a mecanismos de sanción como los previstos en la Carta Democrática del Mercosur.
Otro de los retos que plantea el caso venezolano lo representa la Corte Penal Internacional (CPI). La presentación de varias demandas, fundamentalmente por delitos de lesa humanidad, contra el gobierno bolivariano, que no se procesan está desvelando las debilidades y contradicciones de la Corte, incluso, algunos manejos oscuros.
En este contexto, uno de los problemas son las complicaciones burocráticas, el poder del Fiscal de la Corte y de la Sala de Cuestiones Preliminares para iniciar cualquier investigación. Se sabe que fueron varias las demandas que desestimó el exfiscal Luis Moreno Ocampo, sobre quien circula información de manejos oscuros de recursos y, actualmente, la Fiscal Sra. Fatou Bensouda, parece que ha engavetado otras.
Adicionalmente, crecen los rumores sobre presuntas contribuciones financieras especiales, de gobiernos denunciados, al presupuesto de la Corte. También se aprecia la nula capacidad de acción de los afectados ante la institución, para presentar sus denuncias y defensa.
Otro reto latente tiene que ver con la aspiración del gobierno bolivariano de lograr una mayor internacionalización geopolítica del problema, buscando un apoyo más contundente de China y Rusia, incluso la utilización de sus vetos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Pero también encontramos hechos estimulantes como la creación del Grupo de Lima y la extraordinaria labor de coordinación de la comunidad internacional ante la crisis venezolana, como se puede apreciar, entre otros, por las sanciones adoptadas por los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. En este momento, luego que el gobierno bolivariano está “pateando” la mesa de negociación en República Dominicana, todo parece indicar que las sanciones se incrementaran.
La decidida y coherente actuación de la comunidad internacional en la defensa de los derechos humanos y la institucionalidad democrática en Venezuela, representa una oportunidad para avanzar, con iniciativas organizadas desde la sociedad civil, en una mayor democratización y humanización de las relaciones internacionales.
