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Exrehenes de las FARC ganan reclamo sobre fortuna de amigo de El Aissami



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TalCual | febrero 9, 2022

En 2012, un juez federal en Florida concedió a los tres hombres una indemnización de 318 millones de dólares a pagar de las cuentas bancarias incautadas a narcotraficantes ligados a las FARC, que está en la lista de grupos terroristas


Los contratistas estadounidenses secuestrados por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Keith Stansell, Marc Gonsalves y Thomas Howes, se encuentran cada vez más cerca de acceder a los 318 millones de dólares apuntados en la sentencia en contra de sus captores, pero de las cuentas bancarias del empresario venezolano Samark López, señalado por ser el testaferro de Tareck El Aissami.

De acuerdo con lo reseñado por Associated Press, el juez Clarence Thomas se negó a escuchar una apelación de emergencia presentada por la defensa del empresario, quien se encuentra sancionado por los Estados Unidos, y dio pie a una orden de un tribunal federal de apelaciones entregara de inmediato 53 millones pertenecientes a las cuentas bancarias de López en el país.

La defensa del empresario criollo señala que “no existe evidencia ni condena” que vincule directamente a López con los rebeldes que detuvieron a los tres estadounidenses; a lo que agregaron que seguirán impugnando la sentencia del tribunal.

“A pesar de estos hechos claros, los Demandantes orquestaron la incautación de los activos del Sr. López en los Estados Unidos sin siquiera probar, como lo exige la ley, que el Sr. López brindó apoyo material o asistencia a las FARC”, dijeron los abogados de López en un comunicado.

Agregaron que López nunca ha brindado ayuda alguna a las FARC y condena sus “actos terroristas”. Dijeron que López también negó haber participado en el narcotráfico o lavado de dinero en nombre de la actividad del narcotráfico.

Los abogados hicieron un llamado a las organizaciones de la comunidad legal para que revisen el asunto y se unan a su cliente en sus esfuerzos para evitar que los demandantes tengan la capacidad de confiscar activos sin prueba alguna de asistencia a una organización terrorista.

Russ Dallen, jefe de Caracas Capital Markets (CCM), empresa que sigue los litigios relacionados con Venezuela, aseguró que si los involucrados en problema legal logran cobrar el dinero “sentarán un precedente” lo que podría permitir que las víctimas de las FARC y ELN se adelanten a los acreedores de Venezuela y a los opositores del régimen que buscan recuperar los activos supuestamente robados a través de la corrupción.

Los tres estadounidenses trabajaban para la empresa contratista Northrop Grumman y junto al piloto Tom Janis, fueron capturados en 2003 por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2003, cuando su avión fue derribado durante un vuelto que monitoreaba el tráfico de drogas. El conductor aéreo fue asesinado por los rebeldes luego de que el aparato se estrelló.

El Ejército de Colombia, en un operativo realizado en 2008, rescató a estas tres personas junto a la excandidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt.

En 2012, un juez federal en Florida concedió a los tres hombres una indemnización de 318 millones de dólares a pagar de las cuentas bancarias incautadas a narcotraficantes ligados a las FARC, que está en la lista de grupos terroristas.

Pero no habían podido recibir el dinero hasta que el presidente Donald Trump promulgó discretamente en 2018 la Ley de Aclaración Antiterrorista, que permite que las víctimas de grupos terroristas reciban activos incautados por el gobierno estadounidense en base a leyes antidroga.

La nueva normativa permitió que los hombres fuesen tras los activos de Samark López bloqueados en Estados Unidos, que incluyen una cuenta de Citibank con 269 millones de dólares, dos yates, un avión y propiedades de lujo en Miami, contó AP.

*Lea también: Fiscales en EEUU piden clasificar datos en el caso contra Clíver Alcalá Cordones

Samark López es un poderoso hombre de negocios en Venezuela cuya fortuna creció gracias a los contratos gubernamentales obtenidos en las dos últimas décadas. Fue sancionado por Estados Unidos en 2017 como “capo de la droga” junto al entonces vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, quien ocupa actualmente la cartera de Petróleo, por supuestamente lavar beneficios del tráfico internacional de narcóticos.

En 2019, durante un juicio por el reclamo de los tres hombres sobre sus activos, expertos de la acusación  -entre los que había un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos- afirmaron que López solo tenía lazos indirectos con los rebeldes a través de su amistad con El Aissami, quien según las autoridades estadounidenses ayudó a las FARC a mover cocaína a través de Venezuela.

Las FARC no fueron mencionadas directamente cuando se sancionó a López y El Aissami en 2017, y los únicos cargos penales conocidos en su contra son por fletar vuelos privados en Estados Unidos violando las sanciones, no por narcotráfico.

Dallen dijo que si los tres hombres tienen éxito en su reclamo judicial, esto podría permitir a las víctimas de las FARC adelantarse a los acreedores venezolanos y a los oponentes del presidente Nicolás Maduro que buscan recuperar los bienes supuestamente robados a través de la corrupción.

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