En La Guaira ampliaron cementerio para enterrar a cuerpos no reclamados tras terremotos
En Catia La Mar, una de las zonas más afectadas de La Guaira, se encuentra el cementerio «La Esperanza». Este camposanto fue ampliado un día después de los terremotos «para que todas esas personas tuvieran sepulturas dignas», según dijo Eli Zavala, un residente del lugar a la AFP
Foto de portada: AFP
Con cifras de personas fallecidas que se elevan cada día, las autoridades dispusieron el entierro de 159 personas cuyos cuerpos no han sido reclamados tras los terremotos que sacudieron el pasado 24 de junio a una parte del país y dejaron grandes afectaciones en La Guaira, que fue declarada «zona de desastres».
En Catia La Mar, una de las zonas más afectadas de La Guaira, se encuentra el cementerio «La Esperanza» (parroquia Carayaca). Este camposanto fue ampliado un día después de los terremotos «para que todas esas personas tuvieran sepulturas dignas», según dijo Eli Zabala a la Agencia Francesa de Noticias (AFP).
Cada tumba fue delimitada con piedras blancas, donde se depositó un pequeño ramo de flores. En cada una se dispuso una cruz blanca de madera con una placa que lleva la inscripción «Identificación especial», el número correspondiente y la fecha del fallecimiento: 24 de junio de 2026.
En este cementerio se han sepultado a 253 personas, aunque 159 de ellas no han sido identificadas por sus familiares, dijo Zabala, quien se identificó como funcionario municipal a cargo de la operación, a El País. Se han abierto zanjas para albergar a más de 2.000 ataúdes y se estudia habilitar una nueva terraza en caso de aumentar las cifras.
Otros funcionarios comentaron a TalCual que la información hasta ahora es confusa, pues no saben de qué manera los familiares identificarían a sus fallecidos. «El Senamecf en algún momento indicará», dijeron.
Este cementerio, que al mediodía de este lunes contaba con custodia policial, está habilitado desde hace varios años en la entidad. En muchas ocasiones las fosas son proporcionadas de manera gratuita por el Estado para familias de escasos recursos.
Foto: Miguel Medina | AFP
La magnitud de la tragedia superó la capacidad de las morgues y de los hospitales. Según el Ministerio de Comunicación, hasta el 5 de julio se registraban 3.342 personas fallecidas y 16.740 heridas.
🇻🇪 ⚠️ Graves dug for more than 150 unidentified earthquake victims in Venezuela
Rows of graves are prepared for unidentified victims of the twin earthquakes that struck Venezuela on June 24. At least 3,300 people are confirmed to have died and more than 16,700 were injured as a… pic.twitter.com/YenvltXN40
— AFP News Agency (@AFP) July 6, 2026
Los Silos, un emblema del puerto de La Guaira, fue habilitado como una morgue improvisada para almacenar e identificar los cuerpos de los fallecidos.
Familiares denunciaron que, durante los primeros días, la situación fue revictimizante pues se vieron obligados a ver y buscar entre decenas de cuerpos a sus seres queridos. Tras las constantes denuncias, se automatizó el reconocimiento por fotografías de las personas fallecidas y marcas características como cicatrices o tatuajes.
Luego del proceso de reconocimiento, los familiares de las víctimas deben tramitar el acta de defunción ante el Consejo Nacional Electoral y, en caso de cremaciones, un permiso especial del Ministerio Público.
Colombia también envió un equipo de forenses para las labores de identificación de los fallecidos. El embajador colombiano en Venezuela, Milton Rengifo, explicó que la misión del equipo es lograr una trazabilidad precisa de quienes han fallecido y la comparación con registros de familiares. Con esto se busca que los cuerpos puedan ser entregados con certeza a sus allegados, evitando dobles pérdidas o errores en los procesos de sepultura.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
