El problema equivocado, por Omar Ávila
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El pasado 29 de agosto de 2026, en horas de la tarde, el gobierno interino anunció el mayor acuerdo petrolero de la historia del país: 17 campos, 65 mil millones de barriles, 100 mil millones de dólares en inversión comprometida, mientras que a las 8:38 de la noche, una falla dejó sin electricidad a Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Barinas y Lara, donde aproximadamente una cuarta parte de la población del país quedó en penumbras. En algunos sectores las redes de telefonía móvil cayeron con el sistema, sin que Corpoelec o el Ministerio de Energía Eléctrica explicaran oportunamente el origen de la avería.
El exalcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, resumió esa noche lo que muchos pensaron: ningún convenio petrolero mejorará la calidad de vida mientras el sistema eléctrico siga como está. Este hecho es, a nuestro entender, el punto exacto donde la promesa petrolera se pone a prueba, porque un barril bajo tierra no enciende un bombillo, y una promesa de barriles tampoco.
Seis días después, la presidenta encargada ofreció una explicación ante trabajadores petroleros, transmitida por VTV: fue sabotaje, alguien manipuló las presiones de gas para tumbar el sistema termoeléctrico del occidente, en protesta por los acuerdos firmados esa misma semana con Chevron, Eni y GE Vernova; para la mandataria, los responsables serían «mafias extremistas».
Aunque el gobierno ha argumentado durante años que el sistema eléctrico se destruyó por las sanciones, la cronología simple se impone para rebatir este tipo de explicaciones. Baste con recordar el Decreto de Emergencia Eléctrica en febrero de 2010 cuando el barril se cotizaba por encima de los 70 dólares, ya había racionamiento programado con apagones nacionales; para ese momento, existía un recién creado un Ministerio de Energía Eléctrica (2009); el sector eléctrico estaba nacionalizado y también se había constituido Corpoelec (2007).
Haciendo memoria histórica, las sanciones sobre el sector petrolero llegaron en 2019, nueve años después de la emergencia eléctrica. Si en la bonanza petrolera en la era de Chávez, Venezuela obtuvo 93.600 millones de dólares, y la emergencia del sistema eléctrico se decretó antes de que existiera sanción alguna sobre el sector; entonces lo que sea que haya ocurrido, no fue producto de la escasez de recursos ni de sanciones.
Nuestra realidad actual se puede analizar con los mismos datos de Corpoelec citados por medios nacionales, los cuales indican una demanda que ha superado los 15.700 megavatios frente a una generación disponible ligeramente por encima de los 13.000, mostrando un déficit cercano a los 2.700 MW; es decir, alrededor del 17% de lo que el país necesita.
El ingeniero eléctrico Marcelo Monnot ha señalado que las fallas abarcan los tres segmentos –generación, transmisión y distribución– y que una recuperación integral tomaría entre tres y cinco años. Esto importa para calibrar expectativas, aunque todo saliera bien desde mañana, hablamos de 2029 a 2030 para notar alguna mejoría.
Existe un cálculo que hemos discutido desde Unidad Visión Venezuela y queremos compartir en este espacio para sugerir que posiblemente, se está atacando el problema equivocado, ya que el pico histórico de demanda venezolana rondó los 18.000 MW hacia 2012-2013, cuando el país tenía unos treinta millones de habitantes y un aparato industrial que, aunque en declive, existía.
Es importante recordar que salieron cerca de 7,9 millones de personas, no emigraron individuos sueltos, se fueron hogares completos, que dejaron de usar sus neveras, sus aires acondicionados y sus bombas de agua. El complejo de Guayana se apagó (Venalum, Alcasa, Sidor, Bauxilum), y considerando que la reducción de aluminio está entre las actividades más electrointensivas que existen, actualmente es importante considerar que este complejo opera a una fracción mínima de su capacidad.
Si a esto se suma que la manufactura no petrolera se contrajo alrededor de tres cuartas partes desde 2012, con niveles de utilización que las encuestas gremiales ubican en torno al 30%; entonces, es importante hacer notar que tenemos menos gente, menos industria, menos comercio. Sin embargo, la demanda se reporta apenas por debajo de su récord histórico.
Pero, el déficit que hoy menciona el gobierno, justifica la urgencia de una reforma legal profunda y esta realidad indica que estamos legislando sobre un diagnóstico que nadie ha auditado.
Si la cifra es real (es decir que el déficit sí existe), entonces el sistema eléctrico genera pérdidas: energía que se inyecta al sistema y jamás llega a un usuario facturado por diversas razones como robo, conexiones ilegales, medidores inexistentes o inservibles, pérdidas técnicas en redes degradadas, y cobranza que sencillamente no se realiza.
La demografía y el estado de la industria hacen muy difícil ubicar el consumo final efectivo por encima de los diez mil megavatios: si el sistema necesita inyectar quince mil setecientos para servirlos, la conclusión es aritmética: una porción enorme de la energía venezolana se pierde antes de llegar a alguien que pague por ella.
No es una acusación, es una resta que debe considerarse con seriedad, Corpoelec no se autofinancia y no lo hará; el Estado no tiene capital para reconstruir el parque de generación ni las redes, y sin inversión privada no hay recuperación en ningún plazo razonable. Someter a los operadores al régimen tributario general, en lugar del viejo modelo de exenciones, es un avance genuino en la primera discusión de la ley, al igual que establecer responsabilidad nominal de directores y gerentes ante fallas es, en el papel, un quiebre con la impunidad corporativa.
Finalmente, pensamos que ninguna de esas cosas exige que el regulador sea el mismo que el accionista, ni que la ley omita una tarifa social, ni que el país legisle sin saber cuánta de su energía se pierde. Estamos a tiempo de legislar el problema correcto, en lugar del problema equivocado.
Omar Ávila es secretario general nacional de Unidad Visión Venezuela.
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