«El Pollo» Carvajal aportó documentos de supuesto contrato entre Pdvsa y Baltazar Garzón
Hugo Carvajal declaró en la Audiencia Nacional el 20 de septiembre y apuntó también al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero
El exdirector de los servicios de inteligencia de Venezuela, Hugo «El Pollo» Carvajal, entregó este viernes 1° de octubre ante la Audiencia Nacional de España documentos de un presunto contrato firmado entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el despacho de abogados Ilocad, el que dirige Baltazar Garzón, exjuez de la nación ibérica e integrante de la defensa del empresario colombiano Alex Saab.
Los papeles entregados por Carvajal serían la prueba de que Pdvsa contrató los servicios de Garzón en 2016 para defender sus intereses en España, como reveló en días pasados el medio The Objective. En esa data se refleja que el bufete del abogado recibió por honorarios de más de 8,8 millones de euros en un contrato que aún está vigente.
El pago contemplaba «interponer acciones legales en España contra proveedores de su filial Bariven por supuestos delitos de fraude y cohecho». Entre las misiones pactadas por Ilocad y Pdvsa figuraba la «coordinación con la Fiscalía y Tribunales en España», lo cual afecta directamente a la pareja de Garzón, Dolores Delgado, actual fiscal general del Estado, ya que el bufete madrileño sigue representando a Pdvsa en la misma causa.
La entrega de estos documentos fue realizada luego de su comparecencia ante la Audiencia Nacional de España el 20 de septiembre, donde también señaló datos importantes para España como por ejemplo negocios irregulares hechos en la época del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos.
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Por su parte, el despacho Ilocad envió un comunicado para desmentir la información sobre su contratación por parte de Pdvsa en 2016 y aclaró que fue el despacho estadounidense Squier Patton Boggs, LLP, que lleva la defensa de la petrolera a nivel mundial, quien contrató sus servicios, según informó The Objective.
El despacho niega además haber cobrado casi nueve millones de euros por tales servicios y haberse coordinado con «la Fiscalía y la judicatura para agilizar los trámites y avances del procedimiento judicial». Según su versión, lo que tuvo que hacer el despacho Ilocad era hacer «exclusivamente» un informe para ver si era posible ejercer acciones legales en España contra varios exfuncionarios de Pdvsa y empresarios y su filial Bariven.
Con información de El Diario de España
