Contradicciones y opacidad: las grietas del acuerdo petrolero entre EEUU y Venezuela
Contradicciones entre la Casa Blanca y Miraflores sobre quiénes firmaron, dudas sobre las fechas de suscripción y el repentino blanqueamiento político de un cuestionado empresario salpican el acuerdo entre ambos países
El anuncio de un «histórico acuerdo» para la explotación de 17 campos petroleros en Venezuela fue presentado como el motor de una nueva etapa económica. Sin embargo, al contrastar las declaraciones de los voceros en Washington y Caracas, se notan las costuras de este nuevo pacto.
¿Con quién se firmó el acuerdo?
La Casa Blanca publicó el 31 de agosto un documento oficial según el cual se le otorgan concesiones por 100 años a la empresa privada North American Blue Energy Partners (Nabep), vinculada al empresario Alejandro Betancourt.
Durante su visita a Caracas, Chris Wright, secretario de Energía de los EEUU, aseguró que el nuevo pacto energético se suscribió entre el gobierno de Donald Trump y la compañía Nabep. Igualmente, el funcionario ratificó que la mayoría del directorio de Nabep estará compuesto por norteamericanos quienes ejercerán los instrumentos de control sobre el convenio.
En esta misma línea, el secretario de Estado Marco Rubio aseguró en una entrevista con el periodista Sergio Novelli que el reciente convenio petrolero no constituye un pacto directo con el gobierno interino, sino una operación comercial con la firma privada Nabep, «la compañía privada más grande que tenía Venezuela con capacidad de producir».
«Esto realmente no es un acuerdo con el el gobierno interino. Es un acuerdo con una compañía privada, con la cual está participando junto a Estados Unidos, obviamente a través del sistema que existe en este momento y nuestra esperanza es que esto cree un modelo para otras inversiones, que al final del día empiecen a normalizar la manera en la cual funciona la economía venezolana», dijo.
Rubio añadió además que las operaciones y porcentajes son gestionados con la participación del Departamento de Defensa de EEUU a través de cuentas especiales.
Pero Jorge Rodríguez no mencionó a Nabep durante la sesión del 1 de septiembre de la Asamblea Nacional. El jefe del parlamento habló sobre un «acuerdo binacional» entre Miraflores y la Casa Blanca.
«Esta Asamblea Nacional no está dando discusión al acuerdo binacional entre los dos gobiernos puesto que ese acuerdo binacional ha sido anunciado y aún no ha sido consignado por quienes deben hacerlo que son los dos gobiernos: el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela», declaró.
Al referirse a la gestión política y diplomática que hizo posible el convenio, Jorge Rodríguez señaló directamente a los líderes de ambas naciones: «por la vía de la diplomacia de paz, la presidenta Rodríguez y el presidente Donald Trump han logrado un acuerdo para explotar 17 campos petroleros».
Igualmente, en su reunión con el secretario Chris Wright, la encargada del Ejecutivo Delcy Rodríguez afirmó que el acuerdo fue entre ambos países: «espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para producción de 65.000 millones de barriles que están en reserva en esos campos, se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos».
De ser el caso, entraría en juego la legitimidad del gobierno de Delcy Rodríguez. Su mandato como encargada del Ejecutivo venció formalmente el 3 de julio de este año, al cumplirse el límite constitucional de 180 días previsto para situaciones de ausencia temporal tras la captura de Nicolás Maduro.
Si nos apegáramos a lo establecido en el artículo 234 de la Constitución, la Asamblea Nacional debería declarar una ausencia permanente del jefe de Estado por mayoría de votos en el hemiciclo y, de acuerdo con el artículo 233, celebrar elecciones dentro de los próximos 30 días de haberse declarado la falta permanente. Pero la Asamblea Nacional de mayoría chavista y presidida por el hermano de Delcy Rodríguez no ha tocado ese punto aún, si es que acaso lo hará en algún momento.
¿Se firmó o no se firmó?
En el orden del día de la sesión legislativa del 1 de septiembre constaba la presentación del Proyecto de Acuerdo en Respaldo al Convenio Energético Binacional entre Venezuela y los Estados Unidos de América. El texto del proyecto de acuerdo fue leído y los diputados procedieron a votarlo y aprobarlo.
El contenido del acuerdo energético sigue siendo una incógnita. Aunque la bancada opositora exigió conocer los detalles del pacto, Jorge Rodríguez señaló que, una vez suscrito, el convenio sería presentado y discutido ante el Parlamento, no antes.
Pero Delcy Rodríguez cambió la seña en apenas 24 horas. Según declaró la encargada del Ejecutivo el 2 de septiembre, la firma se produjo en dos momentos: uno en territorio estadounidense y otro en Caracas.
Más allá del choque de versiones, ambas posturas ignoran el mandato del artículo 150 de la Constitución, que exige la aprobación previa de la Asamblea Nacional para cualquier contrato de interés público nacional celebrado con Estados o entidades extranjeras.
¿Amigo o enemigo?
Hace apenas seis años, el presidente de la Asamblea Nacional tildó de «ladrón« a Alejandro Betancourt, socio mayoritario de Nabep, acusándolo de enriquecerse con contratos eléctricos con sobreprecio y de usar fondos ilícitos para financiar al partido opositor Voluntad Popular.
«Se hizo multimillonario a través de una serie de contratos que recibió para la adquisición de plantas eléctricas para el plan que existía de renovar de manera completa y de aumentar la generación termoeléctrica en Venezuela», afirmó entonces Jorge Rodríguez, refiriéndose a Derwick Associates, empresa que logró en el gobierno del expresidente Hugo Chávez numerosos contratoos para la construcción de plantas eléctricas en distintos estados del país, sin trayectoria comprobada en la ejecución de obras civiles.
«Betancourt López conseguía los contratos con el ladrón de Rafael Ramírez y en esos contratos se le otorgaban miles de millones de dólares para la adquisición de unas plantas termoeléctricas que requería el país», aseguró en su momento el jefe del Parlamento. Igualmente, según Rodríguez, Betancourt servía directamente como el pulmón económico de la oposición venezolana.
El empresario fue señalado de corrupción por el exfiscal general Tarek William Saab en 2017 y por el exministro de Petróleo Tarek El Aissami en 2022. Pero en 2026 la historia es otra. La misma Delcy Rodríguez defendió al empresario venezolano y afirmó que las causas judiciales en Venezuela fueron sobreseídas.
Del lado de EEUU, el secretario Marco Rubio también ha salido en defensa de Betancourt: «Nosotros investigamos bien. Si este individuo estuviera bajo investigación norteamericana, y con eso hemos chequeado con todas las autoridades, no existía ninguna investigación dentro de nuestro sistema en contra de él», afirmó en entrevista con Sergio Novelli.
CNN reportó que, a principios de este año, fiscales federales de Florida cerraron la causa penal en la que Betancourt figuraba como presunto implicado en el blanqueo de más de 1.000 millones de dólares desviados de la estatal Pdvsa, por órdenes de la oficina del entonces vicesecretario de Justicia Todd Blanche. Sin embargo, un portavoz del Departamento de Justicia negó la participación de Blanche.
Jon Sale, abogado de Betancourt, afirmó que su cliente no infringió ninguna ley estadounidense y que esa es la razón por la cual los fiscales nunca presentaron cargos en su contra. Los fiscales se centraron en operaciones que involucraban a Betancourt y a otras personas —y que, según el Gobierno, provenían de sobornos—, pero Betancourt desconocía el origen de los fondos, declaró Sale a CNN en una entrevista telefónica.
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