Bodas: «El gobierno puso a la clase trabajadora en condiciones de semiesclavitud»
La alianza Provea – TalCual conversó con el sindicalista José Bodas tras las denuncias de amenazas de despido por parte de Pdvsa, aun cuando goza de inmunidad gracias al fuero sindical y a la inamovilidad laboral por pertenecer a la directiva de la Futpv
En Venezuela, el país con el salario mínimo más bajo de toda la región (menos de $2), incluso por debajo que el de Cuba ($16), exigir un sueldo digno para cubrir las necesidades mínimas de alimentación, salud y vestimenta tiene un costo: ser perseguido, amenazado, despedido, jubilado forzosamente o hasta condenado a prisión.
De esto saben sindicalistas como Ronny Álvarez, quien lleva 8 años preso, y Rubén González, condenado a 5 años y 9 meses de cárcel por un Tribunal Militar, la segunda vez en ocho años que es sentenciado a estar tras las rejas.
Desde noviembre, cuando el gobierno detuvo, juzgó en tribunales militares y apresó en la cárcel de La Pica a González, secretario general del Sindicato de Ferrominera, más de 1.000 trabajadores y sindicalistas de la administración pública y de empresas del Estado han sido despedidos, aseguran dirigentes sindicales. Esto ocurre en un país gobernado por un “presidente obrero”.
Uno de los sindicalistas perseguidos y recientemente amenazado con ser despedido es José Bodas, operador de planta en Refinería Puerto La Cruz, con 31 años de servicio en la industria, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela (Futpv) y dirigente de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (Ccura). Izquierdista, además, pero lejos de simpatizar con un gobierno que dice ser de izquierda, revolucionario y, aún más paradójico, obrerista.
“Con sus políticas antiobreras y prácticas antisindicales este gobierno puso a la clase trabajadora venezolana en condiciones de semiesclavitud, para no decir de esclavitud moderna. Es una vergüenza ganar menos de dos dólares mensuales. Hay que hacer magia para alimentar a nuestros hijos al menos una vez al día. Nos condenaron al hambre”, expresó Bodas, sindicalista que ha liderado protestas de trabajadores durante los años de gobierno del fallecido Hugo Chávez y de Maduro para defender la autonomía del movimiento sindical, la independencia política de los petroleros, y denunciar la debacle de Pdvsa.
La alianza Provea – TalCual conversó con Bodas a propósito de que desde agosto pasado el dirigente ha sentido cómo la persecución en su contra se ha recrudecido con insistentes amenazas de despido por parte de la estatal, aun cuando goza de inmunidad gracias al fuero sindical y a la inamovilidad laboral por pertenecer a la directiva de la Futpv.
-¿Cómo han sido las amenazas?
-Han presionado, hostigado, amenazado y llamado tres veces en las últimas semanas al supervisor y al superintendente de operaciones de Refinería Puerto La Cruz para que me despidan. Hasta ahora se han negado a hacerlo porque saben que soy secretario general de la Futpv. Debo reconocer la valentía de ellos, que han sentido una terrible presión y hasta ahora no me han despedido.
-¿Por qué quieren despedirlo?
– La excusa es que supuestamente no he entregado un permiso que me da licencia para ausentarme de mi área de trabajo para participar en las actividades sindicales.
Pero yo soy un directivo de la Futpv. Según la convención colectiva, al ser miembro de la Federación gozo, mientras dure mi período como secretario general, de una licencia sindical para poder ausentarme del trabajo y cumplir en todo el territorio con mis responsabilidades como dirigente de los trabajadores.
Además, los permisos sindicales de los miembros de la Futpv se tramitan a través de Relaciones Laborales Corporativas en La Campiña, en Caracas, desde donde mi permiso debería enviarse a Refinería Puerto La Cruz no solo para poder ausentarme y asistir a las actividades sindicales sino también para que me sigan pagando el salario.
-¿Realmente cuál cree usted que sea la verdadera razón para querer despedirlo?
– Lo del permiso es una excusa, una mentira. Están criminalizando mi compromiso de años como trabajador y como dirigente con la autonomía y democratización del movimiento sindical, mi constante lucha por el salario, por las reivindicaciones salariales y por denunciar el paquetazo antiobrero y antipopular del gobierno.
-¿Desde cuándo es perseguido?
-Desde que fui electro secretario general de la Futpv el 1 de octubre de 2009 no me permiten participar en las discusiones de la convención colectiva ni ir a las áreas de trabajo de la industria petrolera para hacerla cumplir, por la simple razón de mi posición política y por no ser militante del partido oficialista del Gobierno.
-¿Cuáles han sido las luchas de los trabajadores petroleros?
-Desde el 1 de octubre de 2014 batallamos para que se realicen elecciones en la Futpv, y hasta ahora las han suspendido tres veces porque el Gobierno sabe que será derrotado contundentemente por la corriente Ccura.
Pero no solo luchamos por eso. Los trabajadores de la industria hemos protestado por los salarios, porque solo percibimos entre 15.000 y 20.000 bolívares semanales. También exigimos el derecho a la salud y a la alimentación. Hay semanas en las que solo sirven comida uno o dos días, y cuando lo hacen no es balanceada. Incluso en muchas otras áreas de la industria ya no están dando el servicio de comedores. Estas protestas han hecho que la persecución en mi contra se recrudezca.
-¿El Gobierno también persigue a otros sindicalistas de la industria?
-Sí, esto está pasando con todos los que luchan, no solo dirigentes sindicales sino también trabajadores. Han despedido a delegados de prevención, trabajadores y sindicalistas por tener una posición en defensa de la convención colectiva.
También han jubilado prematuramente a trabajadores de 47 y de 52 años de edad, cuando en la industria petrolera los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55 años, además teniendo mínimo 15 años de antigüedad. Incluso han jubilado forzosamente a trabajadores que simpatizan con el Gobierno. Lo que están cobrando aquí no es que simpaticen o no, sino el compromiso que tienen los trabajadores con las reivindicaciones.
En la industria petrolera, todo aquel que luche por el salario, contra las tablas salariales, que denuncie el paquete antiobrero y antipopular del Gobierno, los salarios de hambre, las violaciones de los derechos a la salud y a la alimentación, la falta de medicamentos, y la situación en los comedores es despedido, jubilado o perseguido.
-¿Cuál ha sido la respuesta de Wills Rangel? ¿Ha apoyado a la dirigencia sindical y a los trabajadores perseguidos y despedidos, incluyendo a los que simpatizan abiertamente con Maduro?
-Los trabajadores y jubilados perseguidos le han presentado informes a él como presidente de la Futpv, como miembro de la junta directiva de Pdvsa y Gerente Corporativo de Calidad de Vida, y hasta ahora no han recibido respuesta de ningún tipo, y además continúan los despidos en la industria.
-También ha habido denuncias de despidos y persecuciones en otros sectores
-Sí, también han despedido a trabajadores y sindicalistas del Metro de Caracas, como a Jairo Colmenares y Deillily Rodríguez, de las empresas básicas de Guayana, de Cantv y de la administración pública, aun cuando todos los sindicalistas tienen inamovilidad laboral por ser representantes de los trabajadores.
Cuando Chávez asumió el poder en febrero de 1999 muchos trabajadores públicos, como millones de venezolanos, vieron en el fallecido mandatario una esperanza de cambio, ilusión que fue breve. En poco tiempo quedó en evidencia la política antiobrera y antisindical de Chávez, continuada y profundizada en la gestión de su sucesor.
“Somos defensores de la autonomía del movimiento sindical como herramienta de lucha de la clase trabajadora. Nosotros vimos desde el principio que el gobierno de Chávez y después el de Maduro aplicaron una política de destruir la autonomía del movimiento sindical. También somos defensores de la independencia política que tiene que tener la clase trabajadora para luchar por sus reivindicaciones y por sus derechos”, añadió Bodas.
A lo largo de dos décadas, los gobiernos de Chávez y de Maduro han ido sustrayendo a los trabajadores de la industria petrolera beneficios laborales obtenidos en 83 años de lucha sindical. Año tras año han visto cómo los mandatarios eliminaban la meritocracia, las farmacias, las clínicas, los fondos de ahorro, los transportes, los comedores, los salarios, las viviendas, las escuelas de sus hijos y los comisariatos, abastos donde el trabajador petrolero podía comprar a menor precio todo tipo de artículos.
