EEUU asegura que la situación de DDHH «empeoró significativamente» en Venezuela
Entre los delitos que EEUU denuncia que se cometieron en Venezuela destacan: ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, detenciones arbitrarias, represión transnacional contra extranjeros y el «reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Maduro en conflictos armados»
La administración de Donald Trump presentó su primer informe oficial sobre Venezuela en el que aseguró que la situación de derechos humanos «empeoró significativamente», en especial tras las elecciones presidenciales de 2024, cuando se registraron «graves abusos» por parte de Nicolás Maduro.
Entre las fallas que EEUU documentó destaca un patrón de violaciones que incluye ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas, restricciones severas a la libertad de prensa, represión transnacional, el «reclutamiento o utilización ilegal de niños por grupos apoyados por Maduro en conflictos armados» y la existencia de redes de trata de personas y afirmaron que contra estos delitos no se han tomado medidas.
Uno de los casos más emblemáticos fue la muerte del opositor Edwin Santos, cuyo cuerpo apareció dos días después de ser visto bajo custodia de fuerzas de seguridad. Mientras el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) atribuyó la muerte a un accidente de moto, la oposición responsabilizó al gobierno.
Estados Unidos también denunció que las autoridades usaron plataformas digitales para hostigar a opositores a través de campañas como la «Operación Tun Tun», que difunde datos personales de presuntos disidentes.
En este sentido, el informe afirmó que ninguno de estos hechos fue investigado de manera creíble, consolidando un escenario de impunidad estructural.
La comunidad internacional ha advertido que la represión tras el 28J confirma la consolidación de un aparato estatal que utiliza la violencia, el miedo y la censura como herramientas para mantenerse en el poder.
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*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
