Diego Salazar, recluido en «La Tumba», solo ha tenido 15 horas de sol en un año
«Es un lugar tan blanco y frío como un quirófano; la asepsia es casi la de un hospital y su blancura y su brillo es el de un quirófano», relatan las fuentes cercanas al caso
Fuentes consultadas por EFE revelaron que Diego Salazar -primo del exministro Rafael Ramírez- y José Enrique Luongo, también familiar de estas dos personas, permanecen recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Plaza Venezuela, específicamente en «La Tumba», en donde solo han tenido 15 horas de luz desde que fueran detenidos en 2017 por corrupción y hasta diciembre de 2018 no han sido presentados ante un juez.
«Es un lugar tan blanco y frío como un quirófano; la asepsia es casi la de un hospital y su blancura y su brillo es el de un quirófano», relatan las fuentes.
El primo de Ramírez forma parte de lo que la Justicia venezolana llama el «grupo Salazar», conformado por un conjunto de personas que están relacionadas con el exministro de Energía y Petróleo a quienes al parecer ayudó al desvío de fondos, entre los que se encuentra el exviceministro de Energía Nervis Villalobos y el excontable de Pdvsa José Ramón Sánchez Rodríguez. Ambos han sido localizados en España y Venezuela pidió su extradición, aunque de momento las autoridades españolas no quieren entregar a Sánchez por temor a que sea maltratado.
En el caso de Villalobos, quien está detenido en España por su vinculación en el lavado de más de 2.000 millones de euros de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en varios bancos de Andorra, no se ha recibido notificación de su extradición -según dice la defensa- y que, en todo caso de que eso sea así, se negará a ser entregado.
Para no trasladar a Sánchez Rodríguez, las autoridades españolas se han apoyado en los documentos Ismael Oliver -abogado del exfuncionario- ha entregado y en los que se refiere a una número de peticiones, hasta ahora desoídas, de los abogados de Salazar y Luongo para que les dejen ver la luz del sol, les reconozcan médicos y pasen a disposición del juez, que ha solicitado tomarles declaración hasta en ocho ocasiones.
En el caso de Salazar, de 50 años, los abogados alegan que padece un trastorno bipolar y muestra pensamientos suicidas, sobre todo después de que la Justicia venezolana echara a su mujer y tres hijos de su domicilio y una de sus niñas intentara suicidarse. «Cuando estás ahí 24 horas al día y tienes algún antecedente psiquiátrico, te altera tu estabilidad emocional», resume su entorno, que explica que su estado físico se ha deteriorado.
Salazar ha reclamado una docena de veces al los tribunales y a la Fiscalía que le examine un psiquiatra y que se designe un fiscal para investigar las condiciones de su reclusión, pero no lo ha logrado. «No ha sido trasladado e incluso se tiene conocimiento de que la policía nacional contra la corrupción se ha negado a recibir los oficios que le son dirigidos, afirmando que no está bajo su custodia», dice uno de los escritos aportado a la Justicia española.
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La situación irregular de Salazar se extiende a su familia, ya que la Justicia ha quitado los pasaportes venezolano e italiano a sus tres hijos (uno de 12 años y dos gemelas de 15), reconociendo que la medida persigue prevenir la posible fuga de la madre, también imputada.
El caso de Luongo, de 64 años, es parecido. Su defensa afirma que padece demencia senil y requiere de un control neurológico constante, controles de los que tampoco dispone por la decisión de las autoridades del país.
Con información de EFE
