Defiende Venezuela: Informe de la CPI es «determinante» de cara a la investigación
La presidenta de Defiende Venezuela, Génesis Dávila, espera que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad pueda continuar y los afectados obtengan justicia sobre sus casos
La presidenta y fundadora de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila, aseguró que el impacto del informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y Reparaciones (VPRS, por su siglas en inglés), una instancia de la Corte Penal Internacional, es «determinante» de cara al proceso de investigación que actualmente se lleva sobre Venezuela y en el que las opiniones de las víctimas coincidieron en que debe continuar.
El pasado 21 de abril, la VPRS publicó un informe con la opinión de más de ocho mil víctimas, quienes apoyan y solicitan –por unanimidad– al fiscal Karim Khan que se continúe el proceso de investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Las víctimas consideran que «debido a la falta de justicia efectiva por parte del Estado venezolano, este tribunal es el único medio para lograr la reparación o compensación del daño sufrido».
La abogada recordó que ya la Fiscalía de la CPI había dado a conocer su solicitud a la Sala de Cuestiones Preliminares para que este proceso de investigación avance y, por otra parte, la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas apoyó la solicitud, siendo únicamente el Estado de Venezuela quien se opuso a tal acción.
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Dávila considera que, tras este informe, se podría presentar el mismo patrón aplicado en estas situaciones por parte del Estado venezolano: negar que en el país se cometen crímenes, impedir el acceso a la justicia a las víctimas, declarar que sí se están cumpliendo los procesos legales de justicia en la nación e iniciar una serie de arremetidas en contra de las ONG que apoyan a los afectados.
El informe de la CPI también hace mención al proyecto de ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y afines que, según la VPRS, es un instrumento que busca «obstruir y controlar a la sociedad civil en Venezuela».
Para Dávila, la «Ley Antisociedad» fue un instrumento de disuasión o coerción para intentar «intimidar» a la sociedad civil e impedir que dieran a conocer ante la CPI sus argumentos con respecto a la investigación activa sobre Venezuela, «estrategia que resultó fallida y que puede resultar en su contra».
La presidenta de Defiende Venezuela espera que la investigación sobre crímenes de lesa humanidad pueda continuar y los afectados obtengan justicia sobre sus casos.
Con información de nota de prensa
