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Damnificados se mantienen en refugios transitorios esperando desenterrar a sus muertos



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Roison Figuera | julio 18, 2026

A tres semanas del terremoto cientos de damnificados sobreviven en el campo de golf de Caribe y Mare Abajo. Mientras la ayuda humanitaria merma y la incertidumbre crece, las familias se niegan a irse a lejos de donde fue su hogar para intentar rescatar a los suyos. Entre la amenaza de demolición y la falta de maquinaria para el rescate, los sobrevivientes denuncian un «mercado del duelo» donde recuperar los restos de sus seres queridos se ha convertido en un privilegio fuera de su alcance


El campo de golf de Caribe no es un refugio; es una sala de espera sin final. A poco más de tres semanas del movimiento telúrico del 24 de junio que fracturó a La Guaira, las familias de las edificaciones OPP 26 y OPP 27 no están allí por una solución habitacional, ni esperando el censo de una autoridad que, según dicen, apenas se asoma. Están allí por una única razón: haciendo guardia sobre los escombros de lo que fueron sus vidas, esperando el momento de recuperar a los suyos.

damnificados

Para Arlemis Martínez, sobreviviente de la OPP 27, el calendario dejó de existir tras el sismo. Cuando se le pregunta si ya atraviesa el duelo, su respuesta es lapidaria: «Hasta que no consiga a mi papá, no voy a vivir el duelo. Tenemos la fe y la esperanza de que esté vivo entre los escombros». Mientras otros hablan de reconstrucción, ella y las otras once familias allegadas que la acompañan se aferran a la posibilidad de un milagro, negándose a aceptar el silencio que emana del concreto.

La impotencia es el sentimiento que unifica a todos en el refugio. Maritza Quintero, también de la OPP 27, describe con dolor la injusticia que se vive bajo las carpas: «Aquí nadie nos ha ayudado para rescatar a las niñas que quedaron sepultadas en la montaña de escombros. Si no tenemos dinero, no podemos traer la máquina. Estamos con las manos atadas, pero nosotros mismos somos los que estamos moviendo piedras», esgrime.

La denuncia de Quintero es directa: los equipos de maquinaria pesada no están destinados a la necesidad, sino al mejor postor. «Esas máquinas las tienen ocupadas para la gente que son privadas. Edificios privados, quintas privadas que tienen plata, ellos tienen. Nosotros no tenemos, somos de bajos recursos. Entonces, ¿De dónde vamos a sacar para pagar una máquina de esas?», se pregunta.

Esta realidad ha obligado a los familiares a convertirse en rescatistas improvisados. «Los muchachos se programan: de día, de noche, hasta donde uno pueda descansar», cuenta Maritza, mientras señala que los jóvenes se turnan para intentar remover losas pesadas que solo una grúa de agarre podría desplazar. «Mis manos no son, ellos son las manos de nosotros», dice.

Dentro del refugio, la dignidad se defiende a duras penas. Keyli Endrick, habitante de la torre G de la OPP 26, relata que la organización es un caos constante. Aunque han llegado alimentos y medicinas, la distribución falla. «Hay mucho bachaquero ahorita», denuncian ella y otras sobrevivientes. «Personas que vienen de afuera y se llevan lo que nos van a dar a nosotros. A veces nos quedamos sin nada porque se lo dan a los que se van para afuera».

La situación sanitaria es igual de precaria. Los baños son estructuras levantadas por la propia comunidad y voluntarios civiles que han llegado de otros estados, movidos únicamente por la calidad humana. «Si no fuera por ellos, no tendríamos nada», admite Arlemis, mientras lista las carencias: pañales, mosquiteros y artículos de uso personal que, según denuncian, nadie les provee.

De aquí no nos vamos: La trinchera del duelo

Para el sistema, estas mujeres son «damnificados» que deben ser reubicados; para ellas, el refugio en el campo de golf es la última línea de defensa de su propia historia. La idea de abandonar el lugar les resulta incomprensible.

Keyli Endrick es tajante al explicar por qué han rechazado las ofertas de traslado. «Nos han dicho para irnos para Caracas, para La Panamá, pero nosotros no nos hemos movido. Ni nos moveremos», sentencia. La lógica es inquebrantable: «Después de que terminemos de sacar a nuestros familiares, es que vamos a ver qué vamos a hacer». Mientras una mano o una prenda de sus tíos sigan bajo las losas, la vida no puede continuar en otra parte.

Arlemis Martínez confirma que, aunque el ejército y otras autoridades han realizado censos, no existen soluciones reales de reubicación porque la prioridad es innegociable. «Nos han dicho para movernos, pero ¿cómo vamos a hacer si todavía tenemos familias ahí enterradas? Nosotros mismos somos los que estamos sacando a los familiares, nadie más». Para Arlemis, cualquier otro lugar, por cómodo que sea, es un destierro que les impediría cumplir con su última tarea en esta tierra.

Los familiares denuncian que existen rumores y comentarios de operadores de maquinaria sobre órdenes de demoler las estructuras. «El gobierno ya está dando órdenes de que quieren demoler. Hasta que no las saquen, no vamos a dejar que demuelan nada de lo que queda», advierte Maritza. Para ellos, la demolición es un intento de borrar la evidencia de quienes aún no han sido rescatados.

«Ahorita no estamos pensando en vivienda. Ahorita tenemos la mente enfocada en conseguir a las niñas», añade Maritza. Y es que el refugio se ha convertido en una extensión de la estructura colapsada. La vida de estas personas se ha reducido a un perímetro estrecho: el espacio entre su carpa y el edificio donde está enterrado su pasado, prácticamente en la acera de enfrente.

«Dios proveerá. Lo material se consigue, pero la vida no», repiten. Es el recordatorio de que, mientras no tengan el cuerpo de los suyos entre las manos, ellas seguirán atrapadas, junto a sus muertos, bajo los mismos escombros, esperando que la ayuda —y no el mercado— sea la que finalmente les permita cerrar el duelo.

mariitza

Mare Abajo: entre la ayuda humanitaria y la lucha por subsistir

A pocos kilómetros de la tragedia que se vive en el campo de golf de Caribe, el panorama en Mare Abajo refleja otra arista del abandono. Aquí, el desalojo de los edificios Mare I y Mare II —declarados inhabitables tras el sismo— no significó el fin de la vinculación con las estructuras, sino el inicio de una peligrosa convivencia con los escombros.

refugio

Lilia Mena, a sus 79 años, es la imagen de una resistencia física y mental agotadora. Instalada en una carpa grande donde logró acomodar algunos muebles y utensilios rescatados, Mena alterna sus días entre la atención médica de voluntarios internacionales y la incertidumbre de no tener qué llevarse a la boca. «Por lo menos ahorita estoy mejor que cuando dormía frente a la playa, al aire libre», recuerda.

«Pero yo tengo que sobrevivir. A veces la comida que llega aquí me cae mal, mi estómago ya no aguanta. Estoy aquí sentada frente a mi bloque esperando mi respuesta. Sé que de aquí no me van a sacar. Estoy esperando a que me den mi casita, lo que sea, pero me la tienen que dar».

A escasos metros, pero lejos de la «organización» del campamento principal, Osnerbis Pérez, madre de cuatro hijos, sobrevive en un refugio improvisado junto a otros vecinos que optaron por separarse de la masa. La razón es la asfixia del sistema: «No nos damos abasto», comenta. Según Pérez, la ayuda humanitaria ha mermado visiblemente y el agua es un bien de lujo.

La situación ha obligado a los damnificados a tomar medidas desesperadas. Ante la saturación y las condiciones precarias de los baños portátiles, Pérez y otros vecinos han normalizado el riesgo de subir a sus antiguos apartamentos —en las torres menos comprometidas— para bañarse o cocinar cuando la ayuda no llega. Es un retorno obligado a estructuras sentenciadas por la ingeniería, bajo la mirada pasiva de los funcionarios policiales, efectivos de la FAN y el personal de agencias internacionales como Unicef que recorren la zona. La precariedad en Mare Abajo ha creado una paradoja peligrosa: para sobrevivir hoy, tienen que habitar el peligro que los dejó en la calle ayer.

Osnerbis Pérez Damnificada - damnificados

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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