Gobierno cumple un mes sin publicar el balance oficial por los terremotos
El más reciente balance oficial, del 24 de agosto, cifraba los fallecidos en 6.509 y a los rescatados en 6.462, mientras que el número de ciudadanos atendidos en hospitales se ubicaba en 226.696; desde entonces, los números han permanecido congelados
Este jueves 24 de septiembre el Gobierno venezolano sumó un mes de absoluto silencio informativo tras suspender la publicación del balance oficial sobre las consecuencias del doblete sísmico.
El balance se hacía inicialmente a través de alocuciones diarias en televisión. Posteriormente, mantuvo la frecuencia pero por medio de una publicación en el canal de Telegram de Jorge Rodríguez.
Luego se convirtió en un «boletín informativo semanal» que se compartía los días lunes por las redes sociales del presidente de la Asamblea Nacional y se replicaba en los canales oficiales.
El más reciente reporte cifraba los fallecidos en 6.509 y a los rescatados en 6.462, mientras que el número de ciudadanos atendidos en hospitales se ubicaba en 226.696; desde entonces, los números han permanecido congelados.
Tal como denunció Amnistía Internacional, los datos disponibles no están desagregados por sexo, edad, ubicación u otras características esenciales, lo que impide identificar los impactos diferenciados de los terremotos y diseñar respuestas adecuadas para niñas y niños, personas mayores, mujeres, personas con discapacidad y otras poblaciones que pueden requerir medidas específicas de protección y atención.
La cifra de desaparecidos es la más rezagada: el Ejecutivo contabilizó 157 desaparecidos el 25 de junio, un día después de la tragedia. Desde entonces, no la volvió a mencionar. Por su parte, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, había informado de más de 1.500, según un censo vecinal y datos aportados por residentes.
Iniciativas ciudadanas han registrado aproximadamente más de 41.000 reportes de personas desaparecidas, sin que hasta el momento exista un registro público para verificar la información.
«Las familias han realizado gestiones por su propia cuenta, en instituciones públicas, morgues, hospitales y edificios colapsados, han colocado carteles con fotografías de sus seres queridos en lugares estratégicos; como hospitales y refugios temporales; difundieron información en redes sociales y, junto con organizaciones de la sociedad civil, crearon bases de datos y plataformas digitales para intentar localizar a quienes siguen desaparecidos», reportó Amnistía Internacional.
No es la primera vez que el gobierno se reserva información de interés público. Pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el fin de la pandemia por Covid-19 en 2023, el 3 de abril de 2021 fue cuando la administración de Nicolás Maduro informó por última vez sobre el número de pruebas de detección aplicadas en el país: la cifra quedó anclada para siempre en 3.359.103 test, tal como reportó el medio de fact-checking EsPaja.com.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
