CPI autoriza respuesta parcial al gobierno venezolano tras informe lapidario de Fiscalía
En su último escrito, la Fiscalía de la CPI señaló que el Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad están siendo investigados, juzgados y realmente sancionados dentro del territorio
La Sala de Cuestiones Preliminares I, que conoce la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad dentro la Corte Penal Internacional, autorizó este lunes 3 de abril al gobierno venezolano una respuesta parcial al último informe de la Fiscalía de la CPI, a cargo del británico Karim Khan.
Venezuela solicitó a la Sala una respuesta a este documento, bajo el alegato de que la respuesta de la Fiscalía «planteó una nueva cuestión que el Estado no podía haber anticipado razonablemente».
En particular, la administración de Nicolás Maduro pidió responder a dos cuestiones: la afirmación del fiscal Khan de que su informe equivale a la evaluación de la Sala de Cuestiones Preliminares, y los argumentos de la Fiscalía relativos a la forma en que «la supuesta intención discriminatoria se reflejaría en los procedimientos internos».
La Sala de Cuestiones Preliminares I, a cargo del juez Péter Kóvacs, solo autorizó al gobierno venezolano responder al primer alegato en un documento, no mayor de 10 páginas, que deberá ser entregado a más tardar el próximo 20 de abril.
Sobre el segundo razonamiento, la Sala consideró que Venezuela sí podría haber anticipado una respuesta a los argumentos planteados por el fiscal en su solicitud para reanudar la investigación.
En su último escrito, la Fiscalía de la CPI señaló que el Estado venezolano no ofrece pruebas circunstanciales que permitan admitir que presuntos crímenes de lesa humanidad están siendo investigados, juzgados y realmente sancionados dentro del territorio.
El fiscal Karim Khan basó su declaración en que el Estado venezolano no posee la estructura legal para juzgar estos presuntos crímenes de lesa humanidad, tampoco investiga a la cadena de mando (solo se limita a perpetradores) y tampoco juzga los delitos en base a persecución, torturas, privaciones arbitrarias de libertad, violación o abuso sexual, sino que las acusaciones se cambian o «diluyen».
