Corte Internacional de Justicia se pronunciará sobre el referendo consultivo el #1Dic
La CIJ celebró audiencias el 14 y 15 de noviembre para escuchar los alegatos de Guyana y Venezuela sobre el referendo consultivo
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) informó que este viernes 1° de diciembre se pronunciará sobre la solicitud enviada por Guyana contra el referendo consultivo que estima realizar Venezuela el 3 de diciembre para consultar a los venezolanos sobre la disputa territorial entre ambos países.
En el mensaje publicado este martes 28 de noviembre en sus redes sociales, la CIJ indicó que la audiencia se realizará en La Haya a las 3:00 pm, que para Venezuela serán las 10:00 am.
PRESS RELEASE: the #ICJ will deliver its Order on the request for the indication of provisional measures submitted by Guyana in the case of Arbitral Award of 3 October 1899 (#Guyana v. #Venezuela) on 1 December at 3 p.m. (The Hague). Watch live on @UNWebTV https://t.co/Qq78eh3Z1R pic.twitter.com/7KbQVyl2dy
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) November 28, 2023
La delegación de Guyana presentó el pasado martes 14 de noviembre ante la CIJ presuntas pruebas con las que acusa a Venezuela de querer apoderarse del territorio Esequibo y, por ende, exige en La Haya que el referendo consultivo del 3 de diciembre no se ejecute tal y como diseñaron las autoridades venezolanas.
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Según expuso el excanciller guyanés Carl Greenidge, Venezuela lo que busca es anexionarse la Guayana Esequiba, lo que a juicio de su gobierno estaría dejando una muestra de la violación al Derecho Internacional y pide a la CIJ que evite un «caos» en la región.
La delegación de Venezuela solicitó al día siguiente que se rechazara la solicitud de Guyana, así como descartó que el propósito de la actividad sea para anexarse el territorio en disputa.
El abogado y profesor de Derecho Internacional Makane Moïse Mbengue, que forma parte de la defensa de Venezuela, aseguró que no hay nada que le permita a Guyana decir cómo deben funcionar los organismos constitucionales en el país y señaló que la solicitud hecha por Georgetown se basó en una premisa injustificada.
«No tendría precedentes que un Estado obligue a otro a renunciar a una consulta popular interna y que el tribunal indique a un Estado que no consulte a su población sobre un asunto tan crucial», dijo.
