Condena anticipada moral, el costo de adversar al gobierno en Venezuela (III)
El abogado penalista Fermín Marmol García, explicó la existencia de la llamada «condena anticipada moral», en términos coloquiales y no jurídicos, este tipo de condena es la que ha venido implementando el Gobierno
Desde la llegada de la “revolución bolivariana” a Venezuela, los encarcelamientos a disidentes son un menú que está a la orden del día, burlando todo proceso judicial, para arrinconar a los presos políticos en un callejón del que solo se puede salir de la mano del poder.
De acuerdo a lo publicado por el Programa de Educación-Acción en Defensa de los Derechos Humanos (Provea), en su informe “Todo enemigo se presume culpable”, para el Estado venezolano la libertad de un preso político es la “excepción”, mientras que la “prisión es la regla”.
Aseguraron que «en Venezuela, el etiquetamiento forma parte de una política de Estado para dividir a la sociedad. En
tal sentido, se ha aplicado una demarcación sociopolítica, según la cual quien no participe o se oponga al proceso revolucionario de construcción del socialismo se le considera -enemigo sustancial-«.
La organización Foro Penal venezolano documenta 12.016 casos de detenciones y encarcelaciones arbitrarias, todo esto desde la llegada de Nicolás Maduro al poder. Gran parte de estos detenidos han sufrido de cerca las carencias de un sistema de justicia que los obliga a ser víctimas de “una condena anticipada moral”.
La justicia en Venezuela no existe, no solo para los políticos, sino para todo aquel que alce su voz en contra del Gobierno. Tal es el caso del mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien fue detenido el 13 de marzo de 2018 cuando participaba en un acto político en un hotel en Caracas.
Desde el momento de su detención ha transcurrido un año y poco más de dos meses, tiempo que ha sido usado para cambiarlo en varias oportunidades de su centro de reclusión, pero que no parece haber sido suficiente para llevar a cabo su primera audiencia preliminar.
Esto ha llevado a que el exministro de Interior, Justicia y Paz, cumpla en prisión un “castigo anticipado”, sin haber siquiera dado inicio al proceso para determinar sus responsabilidades en los cargos que se le imputan.
Para Provea, el Gobierno ha implementado una serie de patrones y modus operandi “observables en el crimen de encarcelación”, como lo son las constantes irregularidades en los procesos judiciales, los obstáculos para acceder a los expedientes y los cargos que se imputan.
Otro de los desmanes con los que deben lidiar los disidentes encarcelados es con las “restricciones a la libertad con violación de derechos. Una vez que se decreta una que otra excarcelación se prohíbe todo tipo de derecho a la libre expresión, reunión, manifestación”.
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Según lo señalado por Provea, también existe la violación del debido proceso en el caso de los presos políticos, quienes son encarcelados “para investigar”, usando la detención preventiva como un “castigo anticipado y sin juicio”.
De acuerdo al Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. «Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente que no parece tener fin. Está comprobado la existencia de violaciones recurrentes del debido proceso, como la detención en régimen de incomunicación, las desapariciones forzadas breves, la imposición de grandes restricciones al derecho a una defensa adecuada y las demoras judiciales injustificadas».
Así ocurre con cientos de presos políticos, como es el caso del secretario ejecutivo del sindicato de Trabajadores de Ferrominera (SintraFerrominera), Rubén González, quien se encuentra detenido desde el pasado 29 de noviembre de 2018.
Su delito, haber alzado la voz en contra de los atropellos de los que son víctimas los trabajadores de empresas estatales, liderando las manifestaciones en rechazo a los padecimientos que sufren los empleados de las empresas básicas de Guayana.
Muchas irregularidades rondan en torno a su caso, la primera, estar siendo juzgado en un tribunal militar siendo un civil y por otro lado el retardo procesal.
Provea detalló que existen patrones observables, especialmente en las detenciones de presos políticos, a quienes se les crea a través de las redes sociales y medios de comunicación una «campaña difamatoria e injuriosa en los medios
públicos etiquetando y descalificando a la persona y vinculándola a hechos delictivos (golpe, violencia política etc.). Dicha campaña puede ser iniciada por el Presidente de la República o por cualquier otra figura destacada del gobierno o del partido oficialista».
Esta información es avalada por el abogado penalista Fermín Marmol García, quien explicó la existencia de la llamada «condena anticipada moral», en términos coloquiales y no jurídicos, este tipo de condena es la que ha venido implementando el Gobierno.
Asegurando que se trata de el «linchamiento» en el honor y reputación moral de una persona, quien es expuesta al «escarnio a través de la radio, la televisión, la prensa escrita, realmente ha sufrido un linchamiento por medio de los órganos del poder público».
Reiteró que en el caso de los presos políticos, muchos han sido los momentos en los que estas personas apenas están siendo investigadas y se ha decidido colocar su apellidos «ante la opinión pública, como responsables de unos hechos, utilizando los medios para que esa información llegue a los ciudadanos del país».
Para García administraciones como la de Maduro, han servido de instrumento para «linchar moralmente a alguien», incluso si se tratase de un adversario político.
En junio se cumplieron seis meses de la encarcelación de González, quien se encuentra en la cárcel militar de La Pica, lo que representa otra violación a sus derechos.
Las autoridades han aislado a González, quien además recibe una mala alimentación pese a su padecimiento renal, así lo han denunciado familiares, quienes señalan que la única respuesta que reciben de las autoridades es la falta de jueces para seguir el proceso.
Mientras esto ocurre el tiempo pasa y González sigue detenido, sin que le prueben aquellos delitos que se le imputan por presunta agresión a funcionarios de la Guardia Nacional.
Esta historia se repite en cientos de presos políticos en Venezuela, sentenciados a pasar un tiempo en prisión solo por el simple hecho de adversar al Gobierno.
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