Comité de Madres denuncia cobros ilegales y «colaboraciones» en trámites por amnistía
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad señaló que la entrega de copia de la decisión judicial de amnistía no es «una mercancía». Acusaron a los Tribunales Primero, Segundo y Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo de exigir pagos en dólares en efectivo, resmas de papel y cajas de bolígrafos como requisito para notificar la decisión de amnistía y entregar copia certificada del fallo
El Comité de Madres en Defensa de la Verdad denunció este martes 3 una serie de irregulares en la aplicación de la Ley de Amnistía por parte de los tribunales antiterrorismo, que han exigido cobros y «colaboraciones» a los familiares de presos políticos y personas excarceladas.
En un comunicado, el Comité señaló a los Tribunales Primero, Segundo y Tercero de Juicio con competencia en Terrorismo de exigir pagos en dólares en efectivo, resmas de papel y cajas de bolígrafos como requisito para notificar la decisión de amnistía y entregar copia certificada del fallo.
«Esta exigencia es un atropello que se suma al desgaste que ya hemos vivido durante todos los meses que nuestros familiares pasaron recluidos en lugares alejados de nuestros hogares. Durante ese tiempo, tuvimos que hacer enormes esfuerzos para visitarlos y garantizarles sus alimentos y necesidades más básicas. No puede ser que ahora, cuando finalmente podemos obtener un poco de justicia, nos sometan a este nuevo abuso», denunció la organización.
Si bien el grupo reconoció que el procesamiento de solicitudes de amnistía ha avanzado con «celeridad», resaltaron que la entrega de copia de la decisión judicial es un derecho constitucional y no «una mercancía».
«Los tribunales tienen la obligación de entregar la copia de la decisión de amnistía sin costo alguno. Este documento es indispensable para eliminar antecedentes y registros policiales relacionados con los hechos amnistiados».
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El Comité instó a la Comisión de Seguimiento de la Asamblea Nacional y al Programa de Convivencia a verificar la denuncia de forma inmediata y exigir a las autoridades judiciales el cumplimiento estricto de la ley sin pagos arbitrarios.
Organizaciones de derechos humanos y familiares han reportado avances en liberaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía el pasado 19 de febrero, aunque también han señalado trabas administrativas en algunos tribunales durante las primeras semanas de aplicación.
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