Delcy Rodríguez habla del «fin» de la amnistía y promete reformas al sistema penal
Delcy Rodríguez insistió en que la Ley de Amnistía «ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, los beneficiados», al tiempo que señaló que «siempre habrá voces que quieren perturbar estos procesos». Señaló que «hay otros espacios donde se pueden abordar» las detenciones por motivos políticos como el Programa Nacional para la Convivencia y Paz y la propia comisión para la reforma del sistema penal, cuyo secretario es el fiscal general Larry Devoe. La Ley no contempla caducidad en su articulado
Delcy Rodríguez aseguró que el proceso de amnistía, que entró en vigencia el pasado 19 de febrero con la promulgación de una Ley, «llega a su fin» para todos aquellos delitos «que estaban contemplados» en el instrumento.
Sin embargo, señaló que «hay otros espacios donde se pueden abordar» las detenciones por motivos políticos como el Programa Nacional para la Convivencia y Paz y la propia comisión para la reforma del sistema penal, cuyo secretario es el fiscal general Larry Devoe.
La Ley de Amnistía no contempla entre su articulado una fecha de caducidad. El texto, que puede ser consultado en el sitio web de la Asamblea Nacional, tan solo deja claro el inicio de su entrada en vigor.
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Desde el Palacio de Miraflores, durante la instalación de una comisión nacional para la reforma del sistema de justicia penal, Rodríguez insistió en que la amnistía «ha salido muy bien en cuanto a la cobertura, los beneficiados», al tiempo que señaló que «siempre habrá voces que quieren perturbar estos procesos».
Volvió a comparar este proceso con el de países como Sudáfrica o España, al mencionar que 8.616 personas han resultado beneficiadas según datos proporcionados por la Asamblea Nacional y su comisión especial de seguimiento.
«En tan poco tiempo vamos dando pasos firmes en la construcción de tejidos para el diálogo, para que podamos conversar… Esta ley de amnistía ha estado basada en el perdón, en la reconciliación, hemos estado buscando canales para tener encuentros», resaltó.
Respecto a las consultas para la reforma del sistema penal, dijo que es una «deuda» que «se tiene con el pueblo de Venezuela».
«Que sea una justicia oportuna, que permita el acceso sin ningún tipo de diferenciación, que permita acceso a una justicia imparcial. Se han dado pasos importantes, pero tenemos una deuda impostergable que debemos atender», dijo Rodríguez.
En el encuentro participaron los ministros Diosdado Cabello (Interior y Justicia) y Julio García Zerpa (Servicio Penitenciario), la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, el fiscal general de la República, Larry Devoe; la defensora del pueblo, Eglée González; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; el diputado Jorge Arreaza; el defensor público general, Daniel Ramírez; y varios integrantes del Programa Nacional para la Convivencia y Paz.
Pese a la presencia de ministros y funcionarios relacionados al sistema de justicia, no hubo mención sobre la muerte de cinco reclusos en el complejo penitenciario Yare III o los fallecidos por enfermedades en El Rodeo y Uribana, denunciados por el Observatorio Venezolano de Prisiones esta semana.
Delcy Rodríguez dijo que «existen vicios y abusos de poder que deben ser corregidos» para que los ciudadanos puedan mantener «relaciones de respeto con los organismos de seguridad, para el mantenimiento de la paz».
Asimismo, dijo que la consulta nacional no solamente debe consultar a académicos y especialistas. «Es para consultar al pueblo sobre su aspiración de la justicia, sobre todo de la justicia penal que implica privación de libertad. Yo espero, como toda ciudadana, que la justicia penal cumpla con las características que establece la Constitución».
Deudas de la justicia penal
El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, recordó que hace tres años se instaló una comisión presidencial para revisar el sistema penal y, en particular, la situación de personas detenidas o bajo procesos judiciales en el país.
Reconoció la sobrepoblación en calabozos policiales, el incumplimiento del debido proceso, las fallas de tribunales para atender de manera efectiva a los privados de libertad y la «corrupción» de jueces, fiscales y funcionarios policiales.
Sobre este último punto, dijo que se han destituido a más de 12.000 policías, sin explicar desde qué fecha, por prácticas de corrupción, mayormente en puntos de control, retenes y alcabalas.
«Todo eso hizo que la justicia ni era a tiempo, ni era justa… Nosotros logramos, inclusive, bajar la cantidad de personas detenidas para darle cumplimiento a la Constitución de que todo el que pueda ser juzgado en libertad sea juzgado de esta forma, en más del 30% de los detenidos. Pero el reciclaje volvía», admitió.
Pese a esto, dijo, se ha «corregido» la práctica de retrasar presentaciones ante tribunales, ya sea por acción de custodios o líderes negativos en cárceles. «Hemos adelantando muchísimo con audiencias telemáticas, que cuando hay dificultades, se hacen de esa manera. Sin embargo, falta muchísimo. En algunas partes no funciona y tenemos que actuar con la policía».
También valoró la labor de los «cuadrantes de paz» que, afirmó, se han instalado en más del 80% del territorio nacional. «Eso nos ha permitido bajar los delitos en Venezuela a niveles extraordinarios», afirmó.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo que las fallas del sistema de justicia penal deben resolverse «de forma perentoria» para acabar con la «criminalización de la pobreza».
«Aún cuando se ha avanzado en la justicia de proximidad en la elección de los jueces de paz… pero qué hacer con la justicia ordinaria, qué está pasando en la administración de la justicia. Estoy seguro que ese clamor de llegar a una justicia justa va a tener conclusiones con esta consulta», afirmó.
Sobre la Ley de Amnistía, Rodríguez dijo que ha sido una de las «más intensivas leyes aprobadas en el planeta entero».
Dijo que «bastantes» de los beneficiados estaban «imputados de situaciones» que no estaban sujetos de beneficios por la norma, «pero la comisión especial de seguimiento trabajó con el sistema de justicia para resolver esos casos».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
