Comité de la ONU ordena a la administración Maduro poner en libertad a presos políticos
Además de la liberación de presos políticos, que la ONG Foro Penal estima en 270 personas civiles y militares, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó al Estado venezolano que se garantice que todos los privados de libertad estén en recintos oficiales y que gocen de sus garantías jurídicas, como acceso a un abogado, visitas de familiares o allegados y que comparezcan ante un juez sin demoras
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hizo público este viernes 3 de noviembre sus observaciones finales sobre el quinto informe periódico sobre la situación de Venezuela, donde se resaltó que la administración de Nicolás Maduro debe «poner en libertad sin condiciones a todas las personas privadas de libertad de manera ilegal o arbitraria».
El informe resume 21 recomendaciones y los principales motivos de preocupación del Comité sobre la situación venezolana, que fueron evaluados en dos sesiones públicas los días 10 y 11 de octubre en Ginebra. En dichas sesiones, los representantes de la administración Maduro recibieron diversos llamados de atención por las agresiones verbales a los expertos que conforman esta instancia de la ONU.
La solicitud de liberación total o de algunos presos políticos ya ha sido expresada por otros mecanismos de Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y relatores independientes.
Además de la liberación de presos políticos, que la ONG Foro Penal estima en 270 personas civiles y militares, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó al Estado venezolano que se garantice que todos los privados de libertad estén en recintos oficiales y que gocen de sus garantías jurídicas, como acceso a un abogado, visitas de familiares o allegados y que comparezcan ante un juez sin demoras.
También se solicitó a la administración Maduro que defina en las leyes pertinentes las desapariciones forzadas y las penas proporcionales a este delito, de acuerdo a estándares internacionales; que se investiguen de forma pronta y eficaz las denuncias de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y sumarias y todas las formas de uso ilícito de la fuerza; que se investiguen de forma pertinente las torturas y malos tratos, se garantice una sanción a los responsables y medidas de reparación integral a las víctimas.
Otra cuestión que lamentó este mecanismo de la ONU, que evaluó la situación venezolana entre 2015 y 2023, son las acciones implementadas desde la administración Maduro para impedir que opositores se postulen a cargos públicos, como las inhabilitaciones ya impuestas de cara a las elecciones presidenciales de 2024; así como las interferencias para el Registro Electoral de personas entre los 18 y 35 años.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU lamentó la falta de medidas eficaces para el seguimiento o aplicación de sus recomendaciones, los retrasos en la aprobación del segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, así como la incapacidad y falta de independencia de la Defensoría del Pueblo.
El Estado debe entregar información detallada, a más tardar el 3 de noviembre de 2026, sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité.
