CIDH presenta su informe 2025: ¿cómo ven la situación en Venezuela?
Durante el año 2025, la CIDH confirmó el debilitamiento de las instituciones democráticas en la región, así como distintos hechos de violencia, los efectos del cambio climático sobre las poblaciones y las afectaciones a los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó este jueves su informe anual 2025. La situación en Venezuela, destacó el organismo, continúa en un entorno de deterioro progresivo del Estado de derecho, severas violaciones a los DDHH y represión contra la disidencia.
Durante el año 2025, la CIDH confirmó el debilitamiento de las instituciones democráticas en la región, así como distintos hechos de violencia, los efectos del cambio climático sobre las poblaciones y las afectaciones a los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad.
En el caso de Venezuela, al que la CIDH incluye en su «lista negra» de países junto a Nicaragua y Cuba, se resaltaron varios puntos en un capítulo especial.
Venezuela ya no es una democracia: Según la CIDH, en 2025 se consolidó un régimen dictatorial. La permanencia de Nicolás Maduro en el poder, tras un proceso electoral «manipulado» a través de restricciones arbitrarias a otras opciones políticas y, por tanto, cuestionado, marcó una ruptura del orden constitucional. La captura del exmandatario produjo un «punto de quiebre» es un escenario de ausencia de Estado de derecho.
Concentración total del poder: Los poderes públicos dejaron de funcionar de forma independiente, registró la Comisión Interamericana. Las instituciones públicas, además, «funcionan principalmente como herramientas para asegurar el régimen dictatorial en Venezuela y prácticas de corrupción».
Impunidad es la regla: Las graves violaciones de derechos humanos, entre ellos asesinatos, torturas y detenciones arbitrarias, no son investigados adecuadamente o sancionados. Asimismo, las garantías del debido proceso son vulneradas de forma sistemática. La CIDH instó nuevamente a la puesta en libertad inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos.
Oponerse tiene graves consecuencias: Las personas que critican o disienten de las políticas gubernamentales, sean opositores, periodistas o activistas, son potenciales víctimas y han enfrentado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y procesos judiciales con evidentes retrasos y vulneraciones, como el derecho a contar con un abogado de su elección, revisión de expedientes, promover pruebas o ser escuchados ante un juez.
Control a través del miedo: Las detenciones sin orden judicial y en contra de familiares, la práctica de patrullaje y detenciones por parte de funcionarios encapuchados y la incomunicación de detenidos crearon un clima de terror que disuadió la protesta y la participación.
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Libertad de expresión es criminalizada: El cierre y bloqueos de medios justificados por medidas administrativas, obstáculos a la prensa para reportar o acceder a información, el arresto de periodistas por «delitos de odio», deportación de la prensa extranjera o la criminalización de opiniones son prácticas recurrentes.
Cierre del espacio cívico: Las organizaciones sociales enfrentaron obstáculos legales, financieros y administrativos, a través de la promulgación de leyes y el recorte de financiamiento exterior, que es visto como «lesivo» contra el marco normativo del país. Muchas se obligaron a reducir sus actividades, tanto de denuncia, apoyo o investigación, o incluso salir del país.
Hacer conocimiento bajo amenazas: El entorno universitario, resumió la CIDH, ha estado marcado por «un ambiente hostil y violaciones a la libertad académica». Esto incluye detenciones, persecución, hostigamiento y amenazas contra estudiantes, profesores y trabajadores universitarios. El análisis de políticas económicas del Estado, la investigación y atención de violaciones a los derechos humanos, la organización de espacios críticos dentro de la universidad o la participación activa en el debate sobre asuntos públicos ha sido criminalizado.
La crisis social avanza: El informe de la CIDH señaló un evidente deterioro en el sistema sanitario –especialmente en comunidades rurales e indígenas–, educación, oportunidades y empleo bien remunerado, así como el acceso a servicios básicos. Más de 20 millones de venezolanos viven en pobreza multidimensional y 13,5 millones enfrentan necesidades críticas, según datos de organizaciones. El repunte de enfermedades como el paludismo y la tuberculosis también es consecuencia del extractivismo minero.
Desafíos para venezolanos fuera del país: Más de 6,8 millones de venezolanos han migrado en la última década, en una de las mayores crisis de desplazamiento del mundo. En Ecuador se suspendieron los procesos de simplicación de regularización de trámites para venezolanos y sus familiares. Estados Unidos envió a una cárcel de máxima seguridad de El Salvador a 250 migrantes cuyo estatus era irregular y los acusó de pertenecer al Tren de Aragua. En Trinidad y Tobago, se amenazó con la expulsión de migrantes y refugiados, mientras que los niños y niñas enfrentan problemas para acceder a servicios educativos.
Emergencia climática en ciernes: Durante el primer semestre de 2025, señaló la CIDH, se produjeron eventos climáticos extremos debido al aumento sostenido de las temperaturas, con sequías severas y prolongadas, especialmente en la región zuliana. También se produjeron incendios forestales que afectaron a vastas extensiones de ecosistemas protegidos y áreas rurales, así como lluvias torrenciales, inundaciones, deslizamientos de tierras, y la acelerada desaparición de los glaciares andinos, «configurando un escenario de alta fragilidad ambiental y social».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
