CIDH aprobó medidas cautelares a preso en la cárcel Fénix de Lara
José Humberto Hernández, presos desde hace casi cinco años en la cárcel Fénix (Lara), fue acusado de presunto tráfico de drogas sin pruebas, según denuncia su defensa y familiares. Desde su detención ha sido víctima de tortura, denegación de justicia y asistencia sanitaria debido a su garve estado de salud
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares de protección a favor de José Humberto Hernández, detenido desde marzo de 2016 en la cárcel Fénix, ubicada en el estado Lara, debido a la grave situación de salud en la que se encuentra y que representan un riesgo contra su vida.
En las medidas, acordadas el pasado 30 de enero, se consideró la situación de tortura, violación al derecho a la defensa, al debido proceso y a asistencia médica de Hernández, según detalló su abogado Yeimber Machado.
Durante una rueda de prensa, el abogado explicó que Hernández (67 años), quien se desempeñaba como vigilante del aeroclub de Barquisimeto, fue detenido en marzo de 2016 acusado de presunto tráfico de drogas. Al momento de su aprehensión, fue golpeado por los funcionarios de seguridad y obligado a declararse culpable.
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Entonces, el Tribunal sexto de Juicio del estado Lara le imputó los presuntos delitos de tráfico de drogas en grado de cómplice no necesario y asociación para delinquir. A partir de allí, el proceso se estacó. «Este ha sido un proceso judicial paralizado, bastante distendido en el tiempo. Va a cumplir cinco años detenido en prisión preventiva, pues no hay setencia condenatoria, aún cuando el Código Orgánico Procesal Penal dice que una persona solo puede permanencer un máximo de dos años detenido», señaló Machado.
En 2018, José Humberto Hernández fue visitado por el plan Cayapa en la cárcel Fénix. El Ministerio de Servicios Penitenciarios, debido a su estado de salud, acordó darle una medida humanitaria, aunque su abogado explicó que en ese momento «no había sistema y no se puedo ejecutar la libertad. Cuando transcurren los días y sus familiares acuden a la cárcel para saber el estatus, le dijeron que se extravió del sistema».
El abogado Machado, que representa a la organización Defiende Venezuela, calificó la actuación como una «negligencia de los funcionarios de la cárcel» que solo ha contribuido a empeorar la situación de Hernández, quien sufre de hipertensión, prostatitis crónica grado 3, hernia inguinal y umbilical.
Además, el año pasado sufrió un derrame pleural que le ha ocasionado dificultad respiratoria, neumonía, «y es probable que tenga tuberculosis», destacó su abogado. «El problema está en la actuación del Estado ante la situación del señor Hernández y las excusas para denegarle justicia y su derecho a la salud».
Con respecto al retardo judicial, Machado destacó que el Tribunal Sexto de Juicio de Lara se ha excusado en la falta del expdiente para negar traslados, medidas humanitarias y la continuación del juicio. Desde 2017 uno de los coimputados interpuso un amparo y el Tribunal Supremo de Justicia, a través de Sala Constitucional, pidió el expediente.
«No dejaron copias del expediente en ese tribunal de Barquisimeto, y por tanto el juez alega que no puede realizar algún tipo de actuación», señaló el abogado.
Familiares exigen al Estado
Karen Hernández, hija de José Humberto Hernández, aseguró que toda su familia pasa por una difícil situación desde la detención de su padre, debido al trato que han recibido y su estado de salud, que se ha deteriorado debido a la falta de atención médica adecuada.
«Mi papá necesita encarecidamente estar en un centro hospitalario para tratarle la neumonía y el derrame pleural. Tiene calcificada una arteria. Su problema de la próstata no ha podido ser tratado por un especialista», señaló Hernández a nombre de su familia.
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La hija del detenido insistió en que a Hernández se le ha negado el derecho a la defensa y al debido proceso desde su detención. «No contamos con el apoyo de funcionarios en el estado Lara que nos brinden el derecho que tiene para trasladarlo a un centro médico».
Además, resaltó que luego de ser presentado a tribunales, su padre dejó contancia ante la jueza, y así consta en el expediente, de las torturas que sufrió al momento de su detención. «Él dijo con nombre y apellido quiénes lo habían torturado. Nunca nos pasó por la mente que nuestro papá a los 62 años iba a pasar por esta situación».
«Su vida se está acabando injustamente metido ahí, porque nosotros tenemos las pruebas de que él no está involucrado», sentenció Karen Hernández.
El 20 de enero fue la última vez que José Humberto Hernández fue trasladado de forma privada a un centro asistencial para revisar su situación médica. «En el hospital también nos trataron mal, como unos perros, solo por ser un privado de libertad. Un médico lo señaló y dijo al resto que estaba prohibido atenderlo, por lo que los custodios se lo llevaron de nuevo a la cárcel», dijo su hija.
«Hay veces que tenemos que decidir: Le pasamos comida a él o comemos nosotros. Y nosotros siempre estamos dispuesto a ayudarlos», dijo Hernández, quien solicitó a las autoridades la liberación de su padre. «Ellos saben que es inocente, tienen todas las pruebas para otorgarle esa medida cautelar y nosotros llevarlo a un centro asistencial a darle la atención que se merece».
