CIDH amplia medidas cautelares a favor de representantes de Provea y Foro Penal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tomó en cuenta la continuación de declaraciones estigmatizantes de altas autoridades de Venezuela en contra del coordinador de Provea y de directores del Foro Penal
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió las Resoluciones 63/2019 y 64/2019, mediante la cual amplió medidas cautelares de protección a favor de Carlos Patiño de Provea y Gonzalo Himiob Santomé y Robiro Terán de Foro Penal en Venezuela, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Anteriormente, la CIDH había adoptadas medidas cautelares a favor de determinados integrantes de Foro Penal mediante Resolución 8/2015 y a favor de varios miembros de Provea, mediante Resolución 36/2015.
Al momento de tomar estas determinaciones, la Comisión tomó en cuenta la existencia y continuación de declaraciones estigmatizantes y descalificadoras de altas autoridades de Venezuela en contra de las personas beneficiarias, quienes, por sus cargos de coordinación y dirección, tendrían mayor visibilidad en las organizaciones que representan, siendo los miembros mas expuestos en el actual contexto por el que atraviesa Venezuela.
La Comisión consideró que tales declaraciones estigmatizantes contribuyen a exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia por parte de distintos sectores de la población, lo que puede acarrear una afectación a la vida e integridad personal de las personas defensoras, aumentando su vulnerabilidad.
En especial, la Comisión considera la ausencia de medidas de protección y que anteriormente personas beneficiarias de estas organizaciones ya habrían sido objeto de actos de agresión, lo que en su momento motivó el otorgamiento de medidas cautelares.
La Comisión lamentó la falta de respuesta del Estado, pues le impide conocer sus observaciones o las medidas que efectivamente estaría adoptando para atender la situación de riesgo alegada. Asimismo, la Comisión advirtió la falta de información reciente y actualizada sobre las medidas de protección adoptadas por el Estado en el marco de las medidas cautelares previamente adoptadas.
Por consiguiente, con base en el artículo 25 de su Reglamento, la Comisión solicitó al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los personas beneficiarios; adopte las medidas necesarias para que puedan desarrollar sus actividades como defensores de derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenazas y hostigamientos; concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes; e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de las presentes medidas cautelares y así evitar su repetición.
El otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen prejuzgamiento sobre alegadas violaciones a los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.
Piden defender DDHH de Delsa
La CIDH tambipen emitió el pasado 24 de diciembre, la resolución 66/2019, mediante la cual otorgó medidas cautelares de protección a favor de la diputada Delsa Solórzano, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos.
Se consideraron los alegatos de que la diputada Solórzano viene siendo objeto de hostigamientos y amenazas desde 2017 y, de manera reciente, habría sido informada por un teniente de que se buscó contratarle para asesinarla a ella y a otro parlamentario. Adicionalmente, la beneficiaria habría sido acusada públicamente de haber contratado ella el asesinato de quien presuntamente buscaría contratar su muerte, ocasionando tal acusación un clima de animadversión en su contra. Lo anterior se vería reflejado en acciones por parte de colectivos que la señalarían y hostigarían cuando ella acude al Palacio Legislativo a ejercer sus labores como diputada.
De acuerdo con la información aportada, la beneficiaria no contaría con medidas de seguridad y se alegó que la Guardia Nacional, encargada de la seguridad del recinto legislativo, no le brinda la protección pertinente al encontrarse en el Palacio Legislativo.
