Autoridades investigan el presunto tráfico de personas en la frontera del Táchira
Las víctimas serían venezolanos que intentan retornar al país por el estado Táchira a través de caminos irregulares y buscan evitar el control epidemiológico en los llamados Puestos de Atención Integral y Social (PASI).
Autoridades venezolanas están en la caza de una presunta organización dedicada al tráfico de personas que opera en las zonas fronterizas del estado Táchira, así se dio a conocer a través de una publicación realizada por La Nación Web, desde donde dan detalles de cómo estaría operando esta red.
Las víctimas serían venezolanos que intentan retornar al país a través de caminos irregulares y buscan evitar el control epidemiológico en los llamados Puestos de Atención Integral y Social (PASI), donde cada persona es evaluada y debe permanecer en cuarentena antes de ser llevado a su lugar de origen . Ureña, San Antonio y La Pedrera, serían las localidades utilizadas para captar a las personas, a quienes se les cobra en dólares para supuestamente ser trasladados a sus ciudades de origen.
Por este hecho ya se han llevado a cabo dos operativos en los que han sido aprehendidas al menos nueve personas, entre los que estaría un presunto funcionario militar.
Hasta ahora no se conocen mayores detalles de la investigación, sin embargo, se sabe que, en el puesto de atención ciudadana Simón Planas, en la ciudad de Barquisimeto en el estado Lara, efectivos de la Guardia Nacional lograron interceptar dos autobuses que procedían de Táchira con 76 connacionales como pasajeros, y quienes recién retornaron al país desde territorio colombiano.
De las investigaciones se supo que estas personas habían partido desde la zona de La Pedrera, zona sur del estado Táchira, y que debieron cancelar sumas que oscilan entre los 50 y 200 dólares para ser trasladadas a sus ciudades de origen, en los estados Lara, Carabobo y Aragua. Se determinó, de igual manera, que las mismas no habían cumplido con las normas de bioseguridad, por lo que de inmediato fueron trasladadas al PASI “Villa Bolivariana”, en Barquisimeto, a fin de ser chequeadas y den cumplimiento a las medidas de tipo sanitario para evitar la propagación y contagio del covid-19.
Este procedimiento llevó a la detención de cinco personas, acusadas ante la Fiscalía del Ministerio Público por presunto tráfico de personas y desacato al estado de alarma nacional, siendo estas tres choferes de autobús y dos colectores.
El segundo procedimiento, que prendió las alarmas sobre la situación de presunto tráfico humano, fue practicado en el puesto de control de El Cucharro, en la salida de San Cristóbal, vía al llano, donde efectivos de la Policía Nacional Bolivariana lograron interceptar tres unidades autobuseras que se dirigían a Caracas y Valencia, con 80 ciudadanos de nacionalidad venezolana, que desde Colombia retornaron al país sin cumplir con las normas de bioseguridad, por los caminos verdes conocidos como trochas y evitando someterse a los controles de descarte del covid-19.
Las unidades eran ocupadas por 35 masculinos y 33 femeninas, y 12 menores de edad, que debieron cancelar entre 70 y 80 dólares para ser llevados a sus respectivos destinos.
En ambos casos llamó la atención de las autoridades que las unidades de transporte público estuvieran circulando por carreteras y cumpliendo rutas interestatales, a pesar de tratarse de una semana de cuarentena radical, por lo cual esto ya es del conocimiento del Ministerio Público que dirige las investigaciones
Hasta el momento, hay diez personas detenidas y prosiguen las averiguaciones, que tienen como punto central la zona de frontera del estado Táchira con Colombia, particularmente las poblaciones de San Antonio del Táchira y Ureña, donde están operando los denominados “arrastradores”, que se encargan contactar a los connacionales recién regresados al país y que, tras logran reunir el cupo, avisan a los conductores de autobús para emprender el viaje, luego del pago de la tarifa en dólares.
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