Aumentan los casos de niños apátridas en Colombia por migración de venezolanos
No se saben cuántos son, por falta de estadísticas actualizadas, pero podrían ser miles los niños en riesgo apatridia. Según el último registro de venezolanos en Colombia, había casi 9.000 mujeres embarazadas; lo cual quiere decir que, potencialmente, sus hijos serían apátridas al nacer
Apátridas son las personas que no tienen en sus documentos de identidad un país que los reclame. En Colombia era un fenómeno pasajero, solo tenían doce casos registrados, según las estadísticas oficiales; pero no eran casos de personas nacidas en suelo colombiano, sino que llegaron sin ser reconocidas por otras naciones.
Pero la migración desmedida que se ha dado desde Venezuela, causada por la crisis política y económica, aunado a las zonas grises de la legislación colombiana, aumentó el riesgo de que a miles de niños se les viole el derecho universal a una nacionalidad.
En una nota de el diario El Tiempo de Colombia, se explica que cualquier extranjero que busque obtener la nacionalidad en el país debe llenar dos de tres requisitos; de acuerdo con un integrante de un organismo humanitario: haber nacido en el territorio, tener vínculo sanguíneo o que los padres prueben su domicilio.
El problema surge con el tercer aspecto, porque algunos funcionarios administrativos y operadores de justicia solo reconocen la residencia si la gente ha entrado legalmente al país y lo equiparan a tener visa de permanencia o de trabajo, añade el funcionario.
Existen los casos en los que las mujeres venezolanas buscan dar a luz en territorio colombiano para lograr la nacionalidad, pero se encuentran con la desagradable sorpresa de que con eso no basta.
«Estamos trabajando en eso, en la interpretación del domicilio en Colombia. Es un elemento técnico normativo», acota una fuente de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).
Por el lado venezolano, para que un niño nacido fuera de su territorio se registre como nacional, requiere que el padre y la madre tengan esa condición. Si un niño nace en Colombia y ninguno de los padres detenta la nacionalidad o si es una madre venezolana y soltera, el infante tendría problemas para alcanzar la nacionalidad.
En la situación actual también juegan elementos extralegales. Muchos aún teniendo el derecho no lo pueden reclamar por el cierre o inoperancia de las oficinas consulares, donde debería hacerse el registro, o incluso porque en esos despachos no hay papelería.
No se saben cuántos son, por falta de estadísticas actualizadas, pero podrían ser miles los niños en riesgo apatridia, si tienen en cuenta que el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) realizado entre abril y junio del año pasado detectó 1.174.743 venezolanos en Colombia. De ellos, 41% (479.247) no estaban en el registro y su situación era de irregularidad. Adicionalmente, había casi 9.000 mujeres embarazadas; lo cual quiere decir que, potencialmente, sus hijos serían apátridas al nacer.
Tal vez el número sea mayor porque el RAMV no es aceptado algunas veces como prueba legal de residencia, según advierte Daniel Carvajal, colaborador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Hasta ahora, de acuerdo con Alfredo Posada, registrador delegado para la Identificación, de la Registraduría Nacional, solo una veintena de padres venezolanos se han presentado a pedir que les tramiten la nacionalidad de sus hijos por nacimiento. El bajo número obedecería a un temor, debido a que, siguiendo el procedimiento internacional, se debe reportar a las autoridades venezolanas para verificar si ese país los reconoce.
“Según han dicho, como todavía la mayoría tienen parientes allá, a los padres les da miedo que les limiten beneficios gubernamentales”, acotó Posada.
En el mundo, según cifras de Acnur, hay por lo menos 10 millones de personas a las que se les niega la nacionalidad. “Como resultado, a menudo no pueden asistir a la escuela, ir al doctor, obtener un empleo, abrir una cuenta bancaria, comprar una casa o, incluso, casarse”, explica la entidad en su página web. Si la situación se prolonga hasta hacerse mayores, tampoco podrían ejercer derechos políticos, como votar y ser elegidos en cargos públicos. En resumen, son invisibles jurídicamente.
