Aula Abierta documenta política de Estado para aniquilar autonomía universitaria
Un reciente informe de la organización Aula Abierta documenta cómo el Estado venezolano ha utilizado la «corrupción institucional» como una herramienta política para anular la autonomía universitaria y erosionar los derechos humanos entre los años 2004 y 2026
El sistema de educación superior autónomo en Venezuela no solo enfrenta una crisis económica, sino que es víctima de una «captura estatal» planificada. Así lo revela el último informe de la organización Aula Abierta, titulado «El impacto de la corrupción estatal en el sistema de educación superior autónoma en Venezuela (2004-2026)», donde se documenta cómo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial han ejecutado una política de Estado dedicada a desmantelar la autonomía universitaria.
El informe detalla que la corrupción en el país ha trascendido el «robo de fondos», convirtiéndose en una estrategia diseñada para obtener beneficios políticos y económicos mediante la asfixia de las universidades. Bajo la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que entiende la corrupción como el «abuso del poder público para obtener un beneficio privado que daña la institucionalidad», Aula Abierta plantea que en Venezuela se han desarrollado prácticas de corrupción institucional que generan:
- Beneficio económico: Sustentado en una administración de recursos públicos canalizados a través de programas paralelos como la «Gran Misión Venezuela Bella».
- Beneficio político: Orientado a la perpetuación en el poder mediante el desmantelamiento financiero de las universidades y la persecución de la comunidad académica crítica.
La asfixia presupuestaria como táctica
Según la investigación, el Poder Ejecutivo ha implementado una política sistemática de asfixia. Entre 2019 y 2021, universidades emblemáticas como la Universidad Central de Venezuela (UCV), la Universidad de los Andes (ULA), la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de Oriente (UDO) operaron con un déficit superior al 95%. Esta falta de recursos no es casual: mientras las instituciones autónomas mueren financieramente, el Estado desvía fondos hacia instituciones paralelas afines al oficialismo, carentes de rendición de cuentas o licitaciones transparentes.
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Un ataque coordinado desde los tres poderes de Estado
Aula Abierta identifica una ofensiva articulada desde los pilares del poder público:
- Poder Ejecutivo: Centralizó las nóminas a través del «Sistema Patria», arrebatando la autonomía administrativa a las universidades y convirtiendo el salario en una herramienta de control social.
- Poder Judicial: Ha bloqueado procesos electorales universitarios e impuesto autoridades, vulnerando el derecho de la comunidad académica a elegir a sus representantes.
- Poder Legislativo: Mediante leyes que criminalizan la opinión crítica bajo conceptos ambiguos como la «incitación al odio». El informe destaca la Ley Orgánica de Educación de 2009 como un instrumento clave de captura, esta norma modificó la autonomía al redefinir el sistema e incluir al personal administrativo y obrero en el padrón electoral, contradiciendo la Constitución y sirviendo de base para decisiones judiciales que han bloqueado la renovación de autoridades por año.
Para el periodo 2025-2026, los datos reflejan cómo la corrupción estatal se traduce en violaciones directas a los derechos humanos:
- Salarios de miseria: Para 2025, un profesor titular a dedicación exclusiva percibe apenas 5,5 dólares mensuales, una cifra que condena a la academia a la pobreza extrema.
- Deserción estudiantil: El desmantelamiento de servicios básicos —como los comedores de la UCV, que pasaron de atender a 5.000 personas a solo 1.000— y becas de apenas cinco dólares han forzado el abandono masivo de las aulas.
Aula Abierta sostiene que la recuperación de la universidad venezolana requiere de un proceso de justicia transicional. La organización exige el cese de la persecución, la devolución de la autonomía financiera y la creación de mecanismos independientes que investiguen las responsabilidades de quienes han ejecutado estas políticas de destrucción académica durante las últimas décadas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
