Acceso a la Justicia resalta las contradicciones de la inamovilidad laboral en Venezuela
Para octubre de 2020 el FMI actualizó sus proyecciones y estableció que el desempleo llegaría al 54% de la población económicamente activa a fin de año, casi dos décadas después de haber instaurado la inamovilidad laboral
Después de que Nicolás Maduro, en su rendición de cuentas anual, anunciara la prorrogación por dos años de la inamovilidad laboral, la Asociación Civil Acceso a la Justicia resaltó que esta política ha fallado y genera más contradicciones y consecuencias negativas que resultados favorables para el mercado laboral venezolano.
La inamovilidad laboral está próxima a cumplir 20 años desde su establecimiento en 2002 por orden del entonces presidente Hugo Chávez. Lo que fue tomada como una medida de protección para el trabajador y una estrategia para frenar el desempleo, 19 años más tarde genera más complicaciones que aciertos.
No en vano, el año pasado Acceso a la Justicia cuestionaba la efectividad de esta normativa, ya que desde su aprobación, los puestos de trabajo en el país no han hecho más que disminuir.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calculaba en 2019 que la tasa de desempleo en Venezuela cerraría para ese año en 47,2% y proyectaba que llegaría a 50,5% en 2020. Esta cifra colocaba a Venezuela como el país con mayor porcentaje de personas desocupadas.
Aunque las previsiones del FMI ya eran desesperanzadoras, el número quedó corto. Para octubre de 2020 el FMI actualizó sus proyecciones y estableció que el desempleo llegaría al 54% de la población económicamente activa a fin de año. Entre otros motivos, debido al impacto de la pandemia y las restricciones económicas y sociales impuestas por el gobierno de Maduro para frenar la propagación de la covid-19.
La pandemia perjudicó a todos los países en materia laboral. Sin embargo, en Venezuela la situación empeoraba año tras año antes de la aparición del coronavirus. Desde que se aprobó la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT) en 2012, la desocupación ha aumentado progresivamente. En 2013 marcaba un 5,3%, que saltaría a 9,4% en 2015 y escalaría a 10,5% en 2016. Para 2017 ya alcanzaba un 27,1% según fuentes no oficiales.
Para Acceso a la Justicia, esta contracción en los puestos de empleo se deben a la política económica de los gobiernos de Chávez y Nicolás Maduro, quienes dependieron de la industria petrolera cuando el barril mantenía precios altos.
«La destrucción del empleo ha coincidido con el colapso del modelo económico impuesto por los gobiernos del fallecido Hugo Chávez y su sucesor, quien se basó en los altos precios del barril de petróleo, en el endeudamiento externo y en los controles de precios, ganancias y divisas, así como en una política de expropiaciones que ha desincentivado la producción nacional y ahuyentado posibles inversiones extranjeras», resaltan.
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La contradicción del chavismo
Quizás la mayor particularidad de la inamovilidad laboral, es que las instituciones del chavismo son las primeras en no cumplir con la ley. Esto quedó en evidencia después de que la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) despidiera a miles de trabajadores en los últimos años, incluyendo dirigentes sindicales, ignorando las leyes.
«La empresa pública no solo ha irrespetado la veda a los despidos sino también las resoluciones emanadas por la Inspectoría del Trabajo, que han ordenado reenganchar a cientos de afectados», acota Acceso a la Justicia.
Por otra parte, la inamovilidad compromete a otro de los «beneficios» que otorga el Estado. El Gobierno persiste en cobrar a los trabajadores y empleadores el Régimen Prestacional de Empleo, un seguro destinado a proteger al empleado en caso de desempleo. Este fondo no puede ser reclamado por los trabajadores en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS), ya que legalmente no se puede producir el desempleo involuntario.
«A causa de esta insólita situación, el IVSS retiene a sus asegurados una contribución parafiscal que jamás paga», aclaran.
El reenganche también ha demostrado ser un gran fracaso en la política de inamovilidad laboral. Las compensaciones salariales se calculan sobre la base del salario mínimo vigente, unos 400.000 bolívares o 0,27 dólares mensuales. «Con una proyección de 3 US$ por año de salarios caídos, lo que hace que sea absurdo la instauración del proceso de reenganche en la mayor parte de los casos», acotan.
