Acceso a la Justicia: las cárceles no son espacios para rehabilitar sino patíbulos
Para Acceso a la Justicia, las dudas en torno a la muerte de Leoner Azuaje, y que haya sido producto de abusos policiales, corroboran «los motivos por los cuales instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional consideran que en Venezuela el sistema de justicia no funciona adecuadamente»
La organización Acceso a la Justicia aseguró este miércoles 10 que el caso de Leoner Azuaje Urrea, cuya muerte en detención se anunció el pasado 20 de abril tras haber sido detenido por su presunta implicación en las tramas de corrupción, revela que los mandatos previstos en la Constitución son letra muerta «y que las cárceles venezolanas ya no solo son universidades para el crimen, sino que en muchas oportunidades son centros en los que está en riesgo la vida de los reclusos».
La muerte del expresidente de Cartones de Venezuela, señaló la ONG en una nota de prensa, «expone con toda crudeza la situación de indefensión en la que se encuentran los venezolanos, sin importar si respaldan o se oponen al actual Gobierno, y lo poco que vale la vida en el país».
Para Acceso a la Justicia, las dudas o sospechas razonables en torno a la muerte de Leoner Azuaje, y que haya sido producto de abusos policiales, corroboran «los motivos por los cuales instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional consideran que en Venezuela el sistema de justicia no funciona adecuadamente».
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Según los datos de algunas organizaciones, al menos desde 2014 hasta el año pasado, 11 presos políticos o disidentes han fallecido en custodia de cuerpos de inteligencia venezolanos. La lista incluye al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado por torturas; el exministro de la Defensa, general en Jefe (r) Raúl Isaías Baduel, fallecido por complicaciones de salud; al igual que el líder indígena Salvador Franco o el expresidente de Petróleos de Venezuela, Nelson Martínez.
Acceso a la Justicia aclaró que, si bien a Leoner Azuaje Urrea no se le puede considerar un preso político, pues su detención no se produjo en represalias o por su postura política, «sí engrosa la aún mayor lista de privados de libertad a los que el Estado ha sido incapaz de garantizar el derecho más básico de todos: la vida».
«Lo ocurrido con Leoner Azuaje Urrea parece ir en franca violación de las obligaciones internacionales del Estado y podría acarrearle consecuencias», reiteró la ONG.
Desde 2017 hasta enero de 2022, 399 reclusos habían muerto en las prisiones venezolanas por desnutrición, denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual correspondiente a 2022.
Mientras que el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el año pasado 76 privados de libertad fallecieron debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias y escasa alimentación.
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