Organizaciones piden incorporar mecanismos de la ONU, CIDH y CPI a proceso de amnistía
Organizaciones venezolanas señalaron que el anteproyecto de ley de Amnistía, que no ha sido entregado al parlamento, debe incluir garantías expresas para prevenir la impunidad, limitaciones a la justicia internacional o las obligaciones del propio Estado venezolano
20 organizaciones venezolanas solicitaron este miércoles que al proceso de amnistía, anunciado por Delcy Rodríguez, sean incorporados mecanismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, la CIDH o la Corte Penal Internacional.
En un comunicado, las organizaciones señalaron que una ley de Amnistía «debidamente concebida y discutida, puede constituir un instrumento relevante para avanzar en la restitución de derechos, la convivencia democrática y la reconstrucción del tejido social».
Subrayaron que tampoco «es contraria» o limita el funcionamiento de mecanismos de justicia y protección internacionales, por lo que solicitan que tengan un «rol activo en los procesos de consulta, definición de criterios y análisis de casos».
Esto debe darse con la articulación de organizaciones nacionales de derechos humanos «que, desde hace años, han documentado violaciones y acompañado a las víctimas».
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Además, señalaron que el anteproyecto de ley debe ser publicado de manera «oportuna y completa» para que sociedad civil, oenegés y víctimas puedan hacer sus aportes, y debe incluir garantías expresas para prevenir impunidad, limitaciones a la justicia internacional o las obligaciones del propio Estado venezolano.
«La amnistía no equivale a un perdón generalizado, ni supone impunidad, ni mucho menos olvido. Por el contrario, debe entenderse como una herramienta excepcional, enmarcada en estándares internacionales de derechos humanos, orientada a la liberación de personas injustamente perseguidas y a la adopción de garantías de no repetición», destacaron.
Asimismo, puntualizaron que este proceso «requiere tiempo, consultas amplias y un debate serio y responsable», por lo que las excarcelaciones ordenadas desde el pasado 8 de enero no deben frenarse o suspenderse.
«Si bien la Ley de Amnistía constituye un primer paso urgente y de consenso nacional, este esfuerzo debe articularse con una agenda más amplia de transición democrática, que incluya memoria, verdad, justicia, reparación integral a las víctimas, reformas institucionales y garantías efectivas de no repetición. Solo así será posible avanzar hacia una Venezuela verdaderamente democrática, en paz y con pleno respeto a los derechos humanos», expresaron las organizaciones.
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