Venezolanos deportados al El Salvador fueron torturados, afirman ONG internacionales
La directora de Human Rights Watch para las Américas afirmó que el gobierno de Donald Trump «ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos» en el caso de los 252 migrantes venezolanos deportados a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador
Los venezolanos deportados por gobierno de Estados Unidos a El Salvador, entre marzo y abril de 2025, fueron torturados y algunos fueron sometidos a abusos como violencia sexual, según la documentación hecha por Human Rights Watch (HRW) y Cristosal, una ONG que opera en El Salvador, Guatemala y Honduras.
En un informe, publicado este miércoles 12 de noviembre, ambas organizaciones señalaron violaciones sistemáticas de derechos humanos como detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, condiciones inhumanas de reclusión, además de violencia sexual, a la que fueron sometidos 252 migrantes venezolanos que el Gobierno de Estados Unidos deportó a El Salvador.
Este grupo fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel denunciada por organizaciones internacionales por sus tratos crueles a la población penitenciaria. A mediados de julio fueron retornados a Venezuela tras un proceso de negociación con EEUU por la liberación de 10 estadounidenses detenidos por la administración de Nicolás Maduro.
«La administración Trump ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas», afirmó Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch.
Con base en las denuncias hechas, ambas oenegés registraron que los deportados a El Salvador sufrieron golpizas constantes con bastones, puñetazos o patadas por parte de guardias y policía antimotines. Estas eran «habituales» durante las requisas diarias, y se intensificaban tras visitas de funcionarios internacionales como una forma de represalia.
«Nos sacaban de la celda a todos, nos colocaban en posición de requisa, arrodillados, esposados de manos a la espalda y con brazos en la cabeza, y nos golpeaban con los bastones, patadas y puños … y luego nos dejaban arrodillados por 30 o 40 minutos», dijo uno de los migrantes.
Otro dijo que los guardias «me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre», tras una visita de miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja en mayo.
Tres exdetenidos también reportaron ser víctimas de violencia sexual. Uno comentó que cuatro guardias abusaron sexualmente de él y lo obligaron a practicar sexo oral. «Jugaron con sus bastones en mi cuerpo», dijo.
Las denuncias de los detenidos fueron corroboradas mediante análisis forenses proporcionados por el Grupo Independiente de Expertos Forenses y una investigación de fuentes abiertas realizada por el Laboratorio de Investigación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de California, Berkeley.
A los venezolanos también se les negó atención médica, saneamiento o higiene básicas, y la alimentación fue ineficiente. Además denunciaron largos periodos de incomunicación.
«Los abusos se complementaron con tortura psicológica, donde los guardias les repetían que ‘nunca saldrían con vida’ y que sus familias ‘los habían abandonado’. La deportación de estas personas violó el principio de no devolución (non-refoulement) ante el riesgo previsible de tortura y malos tratos», señalaron.
Según los datos reunidos por HRW y Cristosal, 48.8% de los venezolanos deportados a El Salvador no tenía antecedentes penales en Estados Unidos. Solo ocho (3.1%) habían sido condenados por un delito violento o potencialmente violento.
Junto con 238 venezolanos deportados el pasado 15 de marzo, las autoridades estadounidenses también expulsaron a 23 salvadoreños que, según el informe, permanecen bajo arresto en El Salvador.
Los datos de ICE señalan que más de la mitad tenían condenas penales (en algunos casos, por delitos menores), otro 30% tenía cargos penales pendientes y cinco (18%) no tenían antecedentes penales.
Familiares y abogados afirmaron que al menos 62 de los venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en trámite y a pesar de haber superado la evaluación de «miedo creíble» inicial, que les daba derecho a una audiencia completa sobre sus solicitudes de asilo ante un juez de migración.
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