Varias ONG piden respeto al debido proceso en investigación sobre corrupción
35 ONG exhortaron al Estado a respetar el debido proceso de aquellos arrestados por la más reciente trama de corrupción que salió a la luz. En un comunicado, dijeron que se evidenciaron varias irregularidades en el procedimiento, que fueron denunciadas en su momento por la Misión de Verificación de Hechos de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DDHH
Alrededor de unas 35 organizaciones no gubernamentales (ONG) —entre las que figuran Provea, Stop VIH, Sinergia, Acceso a la Justicia y Transparencia Venezuela— solicitan al Estado venezolano que se respete el debido proceso, así como se pide que se garanticen los derechos humanos, de los más de 20 detenidos por las autoridades que están vinculados a una trama de corrupción y que motivó la salida de Tareck El Aissami del Ministerio de Petróleo y Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Por medio de un comunicado, estas ONG recuerdan que el gozar del derecho del debido proceso es algo que asiste a cualquier persona que esté privada de libertad en Venezuela, así como también la presunción de inocencia; por lo que aprovecharon la oportunidad para recordar que el arresto, detención y prisión de un individuo solo la pueden hacer cumpliendo las leyes a cabalidad y por aquellos funcionarios que hayan sido autorizados para ello.
En ese sentido, ven con preocupación que estas personas involucradas en la trama de corrupción no hayan sido presentadas en tribunales en el lapso de 48 horas previsto, sino que más bien lo hicieron a destiempo y en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que no es una sede judicial «y por tanto no garantizan las declaraciones libres de apremio, en una audiencia que se conoce como «audiencia para oír al imputado”.
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Hacen énfasis en el caso de Hugbel Roa, exdiputado de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2020, y advierten que el funcionario no fue detenido en flagrancia y que tampoco se le celebró un antejuicio de mérito para, si es encontrado culpable, levantarle la inmunidad como establece la ley y recordaron que algo similar ocurrió con Juan Requesens.
«Además, declaraciones de altos funcionarios han violado el principio de la presunción de inocencia, a las que se suman las del Fiscal Tareck William Saab anunciando cargos por “traición a la patria”, con base en argumentos y valoraciones vagos. Igualmente se estaría violando el derecho a la defensa, de confirmarse las informaciones sobre la imposición obligatoria de defensores públicos, si fuera el caso que los detenidos no estuvieran de acuerdo con esa designación.», dice el texto.
Además, las 35 ONG recuerdan en su comunicado que estas irregularidades fueron verificadas por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH y la Misión Independiente de Determinación de Hechos, quienes han documentado que en el país no existe sistema de Justicia verdaderamente independiente; lo que ha hecho que se dude de que en Venezuela se aplique genuinamente la justicia.
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El pasado 17 de marzo, el cuerpo anticorrupción emitió un primer comunicado en el que solicitó la judicialización de un número indeterminado de ciudadanos que «ejercían funciones en el Poder Judicial, en la industria petrolera y en algunas alcaldías municipales».
Posteriormente, la Fiscalía confirmó que un diputado, el jefe del ente público de criptoactivos, un alcalde, cinco trabajadores de una vicepresidencia de Pdvsa liderada por Antonio Pérez, también detenido, dos empleados de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados y tres jueces están entre los implicados en las tramas de corrupción y serán juzgados.
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