Una semana sin reportes oficiales sobre respuesta a terremotos
Un dato que no había sido público hasta la fecha es sobre el número de personas desaparecidas por los terremotos. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó el 30 de julio que, según datos del Registro Único de Viviendas, la cifra de desaparecidos ronda alrededor de 1.338
La administración de Delcy Rodríguez parece haber eliminado los reportes oficiales sobre la respuesta a los terremotos del pasado 24 de junio, justo luego de cumplirse un mes de la emergencia que dejó más de 5.000 personas fallecidas, más de 17.000 personas en campamentos y un número indeterminado de personas desaparecidas.
El último parte oficial publicado fue el del 24 de julio, cuando se reportaron 5.546 personas fallecidas, 16.740 heridos y 17.907 damnificados por los terremotos que asolaron partes de La Guaira, Caracas, Miranda, Carabobo, Yaracuy y el estado Falcón.
Sin embargo, tampoco se conoce el que corresponde al día 23 de julio. Desde entonces, las comunicaciones de Jorge Rodríguez, quien asumió desde los terremotos la vocería sobre las afectaciones, solo muestran su participación en vigilias, el propio homenaje a su padre Jorge Antonio Rodríguez, a Hugo Chávez o sus gestiones en la inspección de terrenos para la construcción de nuevas viviendas o «campamentos perdurables».
Un dato que no había sido público hasta la fecha es sobre el número de personas desaparecidas por los terremotos. El gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó el 30 de julio que, según datos del Registro Único de Viviendas, la cifra de desaparecidos ronda alrededor de 1.338.
Solo el 25 de junio, la administración Rodríguez informó que 157 personas permanecían desaparecidas. Desde entonces, esa cifra no volvió a ser actualizada públicamente hasta las declaraciones del gobernador.
La organización Espacio Público ha dicho que «el Estado venezolano incurrió en una evidente restricción del derecho de acceso a la información pública», ante la ausencia de un registro público de desaparecidos y los retardos en la identificación forense, un estatus de la red hospitalaria, datos epidemiológicos sobre zonas de desastre, gestión en refugios, atención a población estudiantil, reparación o rehabilitación de infraestructura vital, entre otros puntos.
«Responder con transparencia, datos desagregados y políticas públicas auditables no es una concesión política del Ejecutivo, sino un mandato constitucional e imperativo humanitario que, en momentos de crisis, marca la diferencia entre salvar vidas o prolongar el sufrimiento», ha afirmado Espacio Público.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
