¿Cómo avanzan los primeros acuerdos del nuevo diálogo entre chavismo y oposición?
El proceso para la recuperación del oro depositado en Inglaterra, y que será usado para la atención de afectados por los sismos del 24 de junio, «sigue su curso en silencio» según ha dicho Jorge Rodríguez, que encabeza la delegación negociadora del chavismo. La Asamblea Nacional 2015 insiste que esos dineros pasarán por un proceso de auditoría continúa. En tanto, ya se produjo el primer paso para la renovación de los 32 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. El «consejo de revisión de credenciales» de los postulados al TSJ estará compuesto por siete personas escogidas en la mesa de diálogo y se instalará en paralelo al Comité de Postulaciones Judiciales
Poco más de dos semanas han transcurrido desde la firma de los primeros acuerdos del diálogo entre representantes de la administración de Delcy Rodríguez, encabezado por Jorge Rodríguez, y la Asamblea Nacional 2015 en manos de Dinorah Figuera. Con dos puntos en específico sobre atención a los afectados por el doblete sísmico del 24 de junio y la «transformación del sistema de justicia», los resultados hasta la fecha no son tan visibles para toda una población que exige un cambio político inmediato.
Esta nueva etapa de diálogo, la número 11 en la última década, está impulsada y supervisada por un Estados Unidos que, desde el pasado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro, mantiene un tutelaje sobre la administración interina. Justamente fue el gobierno de Donald Trump quien dio su respaldo a la figura de Dinorah Figuera y el parlamento de 2015, al reconocer a este último como la «única institución democrática» en el país.
Aunque ese reconocimiento externo no obliga, en la práctica, a que ambas partes dentro de la mesa de diálogo se reconozcan entre sí. «Nosotros no reconocemos a la Asamblea Nacional de 2026 pero ellos tampoco reconocen a la de 2015, estamos sentados para buscar una vía democrática a Venezuela», afirma el diputado Ramón López, del partido Voluntad Popular e integrante de la delegación negociadora opositora.
El presidente del parlamento instalado este 2026, Jorge Rodríguez, también ha dicho que «han omitido muchas cosas» que hizo la Asamblea Nacional 2015 –como el nombramiento de magistrados en el exilio y de una junta ad hoc–, para embarcarse en este nuevo proceso donde, aseguró, se ha «convocado a todos».
Sin embargo, garantizan desde ambas partes, ya se está avanzando en la materialización de esos acuerdos alcanzados. El primer punto de ese documento del 12 de agosto establecía concentrar esfuerzos para «promover la recuperación de los activos de reserva internacional de Venezuela en el Banco de Inglaterra».
Primer Ciclo de Conversaciones entre el Gobierno Nacional y la Asamblea Nacional 2015. pic.twitter.com/t6fE6kAjxE
— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) August 13, 2026
Esos activos están depositados en oro. Según Jorge Rodríguez, este punto «sigue su curso en silencio» aunque espera que «ojalá veamos pronto resultados en ese sentido».
López comenta que cada activo tiene una complejidad en su rescate. «Citgo, los dineros en el Banco Espíritu Santo de Portugal y el oro depositado en Inglaterra tienen características diferentes».
La recuperación más factible en estos momentos, según el recuento que hace el parlamentario, es el oro depositado en Inglaterra valorado en al menos $4.900 millones. El dinero depositado en Portugal alcanza los $1.800 millones, pero se enfrentan a un banco en quiebra y además existe un embargo por la situación con Conoco Phillips.
En el caso de Citgo, el principal activo venezolano en el exterior, tiene actualmente una protección del Gobierno de Estados Unidos ante la venta ordenada por el juez Leonard Stark para liquidar la deuda con los acreedores de los bonos Pdvsa 2020.
La medida de protección judicial del oro depositado en Inglaterra estaba a favor de la parte ejecutiva de la Asamblea Nacional 2015. «Una vez que el gobierno de Estados Unidos reconoce a Delcy Rodríguez, queda una especie de vacío sobre quién representa a Venezuela en ese juicio. Lo que se debe hacer, aunque no soy abogado, es buscar un mecanismo jurídico para que el oro pueda acceder a la República de Venezuela», dice.
Desirée Barboza (VP) se incorporó accidentalmente a la delegación de la AN 2015 que completan Dinorah Figuera (PJ), Marco Aurelio Quiñones (VP), Ramón López, Jorge Millán y Juan Miguel Matheus (todos de PJ). Sergio Vergara (VP) tomó su puesto posteriormente
Sin embargo, el diputado aclara que esos dineros no van a ser depositados «a la libre», sino que pasarán por un proceso de fiscalización de la propia Asamblea de 2015, auditorías internacionales y de Estados Unidos. «Esto para que esos recursos que fueron custodiados por la AN 2015 tengan un buen uso y puedan contribuir a la recuperación y atención de las víctimas del terremoto… No los protegimos tanto tiempo para que se pierdan».
Si bien la recuperación en varias zonas posterremoto se estima en al menos $50.000 millones de dólares, López dice que estos recursos van a ser usados en planes específicos de protección a los damnificados –presentados a la comisión técnica que atiende la emergencia– que se ubican en varios espectros: los que quedaron sin viviendas en La Guaira, las personas en refugios o campamentos transitorios y las afectaciones en viviendas particulares en otras zonas del país.
Indica que entre los proyectos está la construcción de 10.000 viviendas, que vendrán a sustituir los refugios o viviendas provisionales actuales, además de apoyo al plan de financiamiento para nuevos apartamentos de hasta 75%, que contribuirá al que ya maneja la banca pública y privada para los afectados por los sismos.
«Quedaría un 25% a pagar con un año muerto de interés para poder atender el tema viviendas. Venezuela ya tenía problemas de orden económico por el desastre que ha habido en los últimos años, ahora se nos vino encima las consecuencias de los sismos y no podemos dejarlos de atender».
El diputado aclara que la delegación de la AN 2015 está consciente de los reclamos que hace buena parte de la oposición y la población, específicamente los que tienen que ver con unas nuevas elecciones presidenciales. «Si bien es cierto que las elecciones deben hacerse, que el país está pidiendo cambio político, que el Tribunal Supremo de Justicia necesita base institucional, que los derechos y garantías de los ciudadanos es parte de la construcción de un Estado democrático, que la libertad de expresión es importante, no menos importante es la atención a los venezolanos, sino esto (el diálogo) no tiene sentido».
Resalta además que son «ambiciosos» en sus objetivos sobre el diálogo, pues «para los que estamos de este lado de la mesa es importante la reinstitucionalización del país, cambiar el signo político del gobierno. ¿Es un discurso rayado? Sí, porque cómo nos ha afectado que no haya autonomía de los poderes públicos».
El diálogo por el TSJ
Ramón López destaca que esa primera vía para la transición empieza por sentar bases de mayor institucionalidad dentro de los poderes públicos. Como un primer punto, está la renovación de los magistrados principales y suplentes de todas las salas del Tribunal Supremo de Justicia, además de escoger al nuevo inspector de tribunales y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Esa renovación del TSJ, tal como lo expresa el acuerdo del 12 de agosto, pasa por el nombramiento de un Comité de Postulaciones Judiciales con mayor participación de la sociedad civil.
Ese punto del diálogo no deja en claro cómo será esa «ampliación» del Comité de Postulaciones Judiciales. Según el proyecto que introdujo la junta directiva de la AN 2026, aprobado en primera discusión el jueves 27, los cambios en el artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ se circunscriben al aumento de dos miembros de la sociedad civil dentro de esta instancia, dejando 11 diputados dentro de su conformación.
Pero organizaciones como Acceso a la Justicia y otros juristas han criticado este cambio. Alegan que la Constitución venezolana, en su artículo 270, deja claramente establecido que el comité estará compuesto «de forma exclusiva» por la sociedad civil, es decir, no debería existir representación parlamentaria.
El diputado López y otros miembros de la AN 2015 no ahondaron sobre el asunto e insistieron en que la renovación de magistrados es la vía para un Tribunal Supremo más «transparente, independiente, autónomo, que le dé más credibilidad jurídica al país para que haya inversiones, para que la gente entienda que empezó un proceso de remodelación del sistema de justicia. En un país donde no hay justicia no puede haber democracia».
Otro punto del acuerdo tiene que ver con la conformación de un «consejo de revisión de credenciales» de las personas postuladas al máximo tribunal. Ramón López explica que «va a ser conformado por siete profesionales que tienen que tener las mismas características, las mismas cualidades de los que aspiran a ser magistrados. Son siete nombres que se están buscando y se van a discutir en el marco de la mesa de negociación para constituir un comité que reúna lo mejor que tiene el país en materia de derecho».
Indica que este consejo se instalará en paralelo al Comité de Postulaciones Judiciales y tiene como objetivo «darle credibilidad al proceso». Alega que al generar esos «mecanismos de credibilidad, pues la gente se va a inscribir y vamos a lograr un Tribunal Supremo con los mejores».
Respecto a las reformas de leyes del sistema de justicia, el diputado Ramón López dice que van a estar incluidas «todas» aunque «debemos empezar por la propia Ley Orgánica del TSJ. Este debate es para activar el proceso que tendrá que terminar con la instalación de los 32 nuevos miembros del Tribunal Supremo de Justicia».
Asimismo, explica que esta no será la única reforma sobre la Ley Orgánica del TSJ. No descarta que estos cambios se concreten incluso antes de la juramentación de la nueva magistratura «para que tengan un nuevo funcionamiento y haya equilibrio».
«Además está la Escuela de la Magistratura y la Inspectoría de Tribunales, eso hay que tocarlo porque tenemos que garantizar que la formación de aquellos que aspiran a ser jueces o juezas sea impecable, no sea partidizada», asegura.
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