Trinidad y Tobago deporta a 35 de los 39 migrantes venezolanos involucrados en incidente
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, insistió que la muerte del infante fue “un accidente”, al tiempo que defiende la actuación de los agentes “fue legal y apropiada” ya que cumplían “órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales”
El Ministerio de Seguridad de Trinidad y Tobago informó que este viernes sobre la deportación de 35 de los 39 migrantes venezolanos que intentaron entrar a la isla el pasado 6 de febrero.
A través de un comunicado, la administración de Trinidad señaló que la repatriación de los connacionales se coordinó con la Administración de Nicolás Maduro.
Asimismo, expresaron que antes de realizar la deportación, migrantes fueron “examinadas” por las autoridades competentes y en compañía de la Embajada de Venezuela en Trinidad.
“Para garantizar, entre otras cosas, que no hubiera víctimas de la trata de personas entre ellos”, señaló el documento.
De la misma manera, presumieron que la Guardia Costera llevó a cabo la deportación y se aseguró de que “todos sus esfuerzos se ajustaran a los más altos estándares de conducta profesional”.
Es importante recordar que la embarcación donde se trasladaban dichos migrantes nacionales, fue atacada por la Guardia Costera de Trinidad y Tobago, terminando con el saldo de un infante fallecido.
De acuerdo a la Guardia Costera, cuando los métodos persuasivos no funcionaron para detener la embarcación se hicieron disparos de advertencia que tampoco impidió la trayectoria del peñero. Se bajaron dos botes para perseguir la embarcación, que de manera agresiva intentó embestir a estas lanchas oficiales.
“Se utilizaron todos los métodos disponibles, incluido el uso del megáfono, la bocina del barco, el reflector y las bengalas, para tratar de detener la embarcación sospechosa, sin embargo, la embarcación continuó intentando evadir. De acuerdo con los protocolos estándar, a continuación se emplearon disparos de advertencia delante de la embarcación”.
Por su parte, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, insistió que la muerte del infante fue “un accidente”, al tiempo que defiende la actuación de los agentes “fue legal y apropiada” ya que cumplían “órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales”.
Un grupo de migrantes venezolanos, detenido por las autoridades de Trinidad y Tobago el 5 de febrero, negó la versión de la Guardia Costera de ese país sobre el incidente que ocasionó la muerte de un bebé a bordo de un bote.
Los abogados Criston Williams y Siddiq Manzano dijeron al diario Newsday que después de entrevistar a tres de los migrantes que viajaban en el barco, hubo diferencias clave en su versión de los hechos y el informe de la Guardia Costera.
Manzano detalló que los migrantes con los que habló negaron haber intentado embestir uno de los botes de la Guardia Costera y afirmaron que un motor defectuoso les impidió intentar escapar. “Dijeron que el bote en el que viajaban tenía dos motores y uno de los motores se paraba y volvía a encenderse”.
