Tribunal de Puerto Cabello privó de libertad a dos activistas de DDHH
Integrantes de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos han solicitado información sobre el estado de las activistas Marilexis Goyo y Raquel da Silva en la sede de la Dgcim Puerto Cabello, pero no han obtenido respuesta
Sandra Gómez | Rosanna Batisttelli
El Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo, extensión Puerto Cabello, a cargo del juez José Antonio Hernández, dictó medida privativa de libertad contra las activistas Marilexi Goyo y Raquel Da Silva.
La audiencia de presentación culminó la noche del 9 de agosto. Las fiscalías 9, a cargo del abogado Diego Roballo, y la 44 con competencia nacional, cuyo titular es Orlando Enríquez, imputaron a las detenidas de los presuntos delitos de homicidio preterintencional en grado de coautoría en perjuicio de la madre de Da Silva y agavillamiento en grado de coautoría.
Adicional a estos cargos, a Goyo la acusaron de simulación de hecho punible y usurpación de funciones, según explicó la abogada Lyli López, quien tiene a su cargo la defensa de las arrestadas.
«Veo con preocupación cómo actúa la justicia venezolana contra dos mujeres que recibieron un trato cruel, indigno y degradante al estar detenidas en un container de la Guardia Nacional, asignado a Pequiven, en condiciones inhumanas», señaló López a El Pitazo.
López, directora nacional de la Fundación Pro Defensa de los Derechos Humanos Libertad, Justicia y Orden, considera que lo sucedido es un mal precedente, que deja en entredicho la imparcialidad del sistema de justicia, y envía un mensaje claro a los defensores de los derechos humanos.
Marilexi Goyo es directora de derechos humanos de la Fundación Libertad, Justicia y Orden. Al igual que Da Silva fue arrestada por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) el pasado 7 de agosto.
Previo a la detención, ambas activistas fueron golpeadas a las afueras del hospital Prince Lara de Puerto Cabello. En este centro asistencial estaba hospitalizada la madre de Da Silva, según lo explicado por López. La agresora fue una pariente de Da Silva, y la causa: un conflicto familiar.
«La denuncia de Marilexi Goyo no valió de nada, pero sí se le dio crédito a la denuncia de la persona que tenía el teléfono directo del fiscal del Ministerio Público», indicó López.
La abogada considera una aberración que a un defensor de los DDHH se le niegue la tutela judicial efectiva. En tal sentido, pidió al fiscal general impuesto por la extinta constituyente, Tarek William Saab, que atienda el caso y sea garante de los derechos humanos de las detenidas.
«¿Dónde quedan los derechos civiles y las garantías constitucionales de estas ciudadanas? ¿Quién va a defender los derechos del pueblo? Es inaceptable que la Dgcim siga menoscabando los derechos de los ciudadanos», denunció.
