Trabajadores petroleros solicitan reunión a la AN-2015 para tratar demanda en EEUU
Los trabajadores petroleros no solo reclaman el pago de sus pasivos laborales cuando fueron despedidos de la industria, sino también, la violación de derechos humanos como el derecho al trabajo, a la defensa, a la vida, entre otros. Insisten en que es deber de la Asamblea Nacional electa en 2015, «como representante directa de la voluntad popular», intervenir en defensa de los ciudadanos afectados
Un grupo de trabajadores petroleros que iniciaron una demanda contra Pdvsa, Citgo y el gobierno de Venezuela, solicitaron este jueves 25 a la Asamblea Nacional electa en 2015 y su presidenta, Dinorah Figuera, una reunión urgente para tratar el asunto.
En una misiva dirigida a la diputada Figuera, los trabajadores advierten que es necesaria una «intervención legislativa para garantizar la protección de los derechos humanos, los activos venezolanos en el extranjero y la defensa de los intereses nacionales» en casos judiciales.
«La Asamblea Nacional tiene el deber constitucional de intervenir en situaciones donde los derechos fundamentales de los ciudadanos están en juego. Este caso no solo representa una lucha por la justicia para los trabajadores afectados, sino también un llamado a la defensa de los principios fundamentales que sostienen nuestra sociedad», afirmó Iván Freites, portavoz del grupo de trabajadores.
En septiembre de 2023, el Sindicato Único de Trabajadores Petroleros, Petroquímicos, Gasíferos y Conexos del Estado Falcón (Sutpgef) inició la acción legal en la Corte de Delaware y solicitó a todos los interesados unirse a la misma. Alrededor de 2.000 personas se han adherido directamente a la demanda, pero ésta ampara a más de 20.000 afectados.
Los afectados no solo reclaman el pago de sus pasivos laborales cuando fueron despedidos de la industria, sino también, la violación de derechos humanos como el derecho al trabajo, a la defensa, a la vida, entre otros.
Los trabajadores insistieron en que es deber de la Asamblea Nacional electa en 2015, «como representante directa de la voluntad popular», intervenir en defensa de los ciudadanos afectados.
