Tarazona propone una nueva ley de amnistía y un fondo para reparar a las víctimas
El defensor de DDHH Javier Tarazona informó este 25 de agosto que autoridades judiciales suspendieron y difirieron la audiencia prevista para hoy del juicio que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria
El director de la ONG Fundaredes y activista de derechos humanos, Javier Tarazona, planteó este 25 de agosto la necesidad de redactar una nueva ley de amnistía que garantice la liberación de la totalidad de los presos políticos en el país. Argumentó que el marco legal aprobado a principios de año ha sido excluyente.
La propuesta de Tarazona incluye la creación de un fondo nacional destinado a resarcir los daños causados a los detenidos por motivos políticos y a sus grupos familiares. El planteamiento del defensor de DDHH tuvo lugar desde las inmediaciones del Palacio de Justicia de Caracas, luego de que las autoridades judiciales suspendieran y diferieran una nueva audiencia pautada en el juicio que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria.
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Enfatizó que a su propio expediente se le negó la aplicación del beneficio de amnistía dictado en ese período. «Hay en este momento miles de víctimas de todo este proceso político venezolano que no están siendo, en primer lugar, asistidas, mucho menos reparadas», señaló el defensor de derechos humanos.
Explicó que la actual legislación resulta insuficiente para erradicar la persecución, debido a la permanencia de ciudadanos detenidos por motivos políticos en los centros de reclusión. En ese sentido, puntualizó que el fondo de reparación busca brindar apoyo económico a los afectados para sobrellevar los gastos de traslados a tribunales y la atención durante las visitas carcelarias.
La iniciativa contó con el respaldo del exdiputado opositor Williams Dávila, quien también permaneció privado de libertad antes de recibir una medida de amnistía. Dávila remarcó que la reparación económica y moral a las víctimas constituye una obligación jurídica de rango constitucional orientada a restituir la dignidad y los proyectos de vida interrumpidos por las privaciones de libertad arbitrarias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
