Suspenden por tercera vez traslado de Rocío San Miguel para juramentar a sus abogados
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón señaló que en el caso de Rocío San Miguel se ha violado el debido proceso, debido a los retrasos registrados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo de Caracas, a cargo del juez Carlos Liendo
La tarde de este martes 5 de marzo fue suspendido por tercera vez el traslado a tribunales de la abogada y presidenta de Control Ciudadano, Rocío San Miguel, para juramentar a sus abogados de confianza.
Así lo informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón en sus redes sociales. «Este retardo en el trámite impide que Rocío San Miguel juramente a abogados de confianza como sus defensores y revise el expediente para conocer los fundamentos de las imputaciones en su contra. Esta situación la mantiene en estado de indefensión», se destacó.
Además, la oenegé señaló que en el caso de San Miguel se ha violado el debido proceso, debido a los retrasos registrados ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en Terrorismo de Caracas, a cargo del juez Carlos Liendo.
La abogada Rocío San Miguel fue detenida la madrugada del pasado 9 de febrero, cuando se disponía a salir del país por el aeropuerto internacional de Maiquetía junto a su hija, Miranda Díaz. La abogada quedó bajo arresto por una presunta orden de detención en su contra.
Un día más tarde arrestaron dentro del mismo aeropuerto a Miranda Díaz y a su padre, Víctor Díaz Paruta, cuando fueron a retirar el equipaje. El día 11, funcionarios detuvieron a los hermanos Miguel y Alberto San Miguel.
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El grupo fue presentado en tribunales la noche del 12 de febrero, según el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab.
A la presidenta de Control Ciudadano se le dictó una medida privativa de libertad por la presunta comisión de los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Está detenida en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) El Helicoide.
Saab ha dicho que la abogada está presuntamente involucrada en la operación «Brazalete Blanco», una supuesta conspiración para atentar contra el mandatario Nicolás Maduro, el gobernador del Táchira y varias instalaciones militares.
Sobre su salud o estado anímico es poco lo que se sabe. «Si bien es cierto que su hija la pudo ver el 18 de febrero, desde esa fecha nada se sabe de ella», ha dicho Joel García, abogado de la presidenta de Control Ciudadano. A través del Consulado de España –país del cual es ciudadana– se le ha entregado comida, ropa y artículos de aseo personal.
