Sociedad civil denuncia retrasos en la aplicación de la Ley de Amnistía
Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos han denunciado el uso selectivo y discrecional de la Ley de Amnistía. De acuerdo con Gonzalo Himiob, director vicepresidente de Foro Penal, más de 500 presos políticos todavía esperan su liberación
Consultado por EFE, el director vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, alertó que desde hace aproximadamente dos semanas ha bajado significativamente el número de liberaciones bajo la Ley de Amnistía.
«Si no se termina de liberar a los más de 500 presos políticos que aún quedan, parecería evidente que el gobierno interino no tendría verdadera voluntad política de hacer cesar la prisión y la persecución política», advirtió.
Himiob también subrayó que el hecho de que no se haya comenzado a desmantelar el aparato represivo es una evidencia de que con la amnistía se buscaba más un efecto simbólico y mediático que un cambio real.
De acuerdo con el diputado Jorge Arreaza, hasta el pasado 26 de marzo, 8.146 personas habían recibido libertad plena como parte de la Ley de Amnistía. De ese total, 310 estaban encarcelados y otros 7.836 tenían libertad restringida con medidas cautelares. Entre estas medidas están la prohibición de salida del país o presentación periódica ante tribunales.
Hasta esa fecha, indicó que la comisión que hace el seguimiento a la ley había recibido 11.559 solicitudes válidas. Por su parte, Foro Penal contabiliza desde el 8 de enero hasta este 2 de abril un total de 743 excarcelados y liberados, de los cuales 187 son por amnistía.
Fallas de origen
La Ley de Amnistía fue promulgada el pasado 19 de febrero y promovida por el gobierno como una alternativa para que el país «aprenda a convivir democrática y pacíficamente». Sin embargo, organizaciones nacionales, mecanismos internacionales y familiares de presos políticos han denunciado cobros indebidos, «colaboraciones» para acceder al beneficio y evidentes exclusiones de casos de naturaleza política.
Expertos y ONG también critican la falta de listas de detenidos para verificar el proceso, los delitos cobijados y que abarque 13 episodios específicos pese a que, en principio, engloba los 27 años del chavismo (1999-2026).
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lamentó en su última actualización oral que la Ley de Amnistía «se haya redactado sin la debida consulta a toda la sociedad».
La Misión de Determinación de Hechos destacó que, si bien toda amnistía es de carácter positivo, el instrumento aprobado en Venezuela no es de carácter general, fue adoptada en un plazo acelerado que impidió un proceso consultivo transparente; no reconoce la responsabilidad del Estado por violaciones a los DDHH; no contempla mecanismos de búsqueda de la verdad; y no reconoce a las víctimas, a las que se sigue «caracterizando como delincuentes».
Frente a las exclusiones, en su mayoría de militares y de personas acusadas de corrupción, homicidio o señaladas de instigar, solicitar, invocar acciones armadas o de fuerza contra el país por parte de extranjeros, Himiob aclaró que si bien la amnistía «era un paso importante», no es el único.
«Nos queda ahora trabajar no solo en que se siga aplicando la amnistía, sino en la búsqueda de otros mecanismos que permitan que se logre la libertad y, más allá, que se desmantele el aparato represivo para que lo que hemos venido padeciendo todos estos años ya no tenga cabida en Venezuela», concluyó.
Con información de la Agencia EFE.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
