Excarcelaciones a cuentagotas con opacidad institucional y constantes esperas
Desde el pasado 8 de enero, decenas de madres, padres, esposas o hijos se concentran cada día en diversas cárceles del país en espera de una sorpresa, una llamada que les comunique que su familiar saldrá efectivamente de prisión. Organizaciones de derechos humanos insisten en un proceso claro de excarcelaciones, lo que incluye no solo una lista con la información detallada de cada preso político, sino información respecto a los criterios utilizados y las medidas cautelares impuestas
12 días han transcurrido desde el primer anuncio oficial. Un «gran número» de excarcelaciones de venezolanos y extranjeros fue prometida por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, como parte de un «gesto unilateral» de la administración chavista. Desde entonces, el proceso ha estado marcado por la opacidad institucional, la espera, lucha y solidaridad de cientos de familias en diversas cárceles para poder abrazar su ser querido, ese que tiene la etiqueta de «caso político».
Desde el pasado 8 de enero, decenas de madres, padres, esposas o hijos se concentran cada día en diversas cárceles del país en espera de una sorpresa, una llamada que les comunique que su familiar saldrá efectivamente de prisión. Han hecho vigilias continuas en cárceles como El Rodeo, Yare II, Sebin Helicoide, Tocorón o zona 7 para conocer cuando llegan las boletas de excarcelación.
Al igual que en otros procesos, algunos detenidos han sido entregados en lugares distintos a su centro de reclusión. Los exdiputados Enrique Márquez y Biagio Pilieri fueron dejados en la urbanización Altamira, pese a que su centro de reclusión era el Helicoide. Los periodistas Luis López y Roland Carreño también fueron llevados a un centro comercial de Guatire, donde tuvieron que esperar la llegada de sus familiares que estaban a las afueras del Rodeo I.
Extranjeros en libertad
Al menos 86 extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad estaban privados de libertad hasta finales de 2025, según las organizaciones de derechos humanos. En este proceso, al menos 19 han sido excarcelados. Los últimos en ser liberados fueron el panameño Javier Olmedo, el ucraniano Yvhenii Trush, preso desde octubre de 2024, o la ciudadana húngara Zsuzsanna Bossanyi (detenida junio de 2025), una de los tripulantes del barco de exploración submarina N35 interceptado a 80 millas de las costas de Venezuela.
#15E Camilo Castro, ex preso político de nacionalidad francesa comparte emotivas palabras desde la sede de las Naciones Unidas en Ginebra con motivo de su reciente excarcelación.#venezuela pic.twitter.com/XUa0OyK4y4
— Foro Penal (@ForoPenal) January 15, 2026
Los menos considerados
Si bien las organizaciones reclaman por la libertad «plena e inmediata» de «todos» los presos políticos, no es algo que las autoridades hayan anunciado como parte de su «gesto unilateral». En vista de esto, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón ha solicitado que dentro de las consideraciones para excarcelaciones entren los detenidos en condición de mayor vulnerabilidad como «adolescentes, adultos mayores, mujeres y quienes continúan presos por causas previas al proceso electoral».
#ATENCION Hasta este momento confirmamos 150 excarcelaciones de presos políticos desde que se hiciese el anuncio oficial el pasado 8 de enero 2026. Insistimos en que cada excarcelación ha sido verificada por nuestro equipo.
Reiteramos que el proceso debe ser amplio,…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) January 17, 2026
Actualmente hay dos adolescentes detenidos por razones políticas: Gabriel Rodríguez, de 17 años y condenado a 10 años de prisión, y Samanta Hernández, detenida el 19 de noviembre pasado por ser hermana del teniente exiliado Cristian Hernández.
Hay adultos mayores como Aldo Rosso, activista de Voluntad Popular, Mary Torres de Sequea, Yosida Vanegas o Nélida Sánchez, de la organización Súmate. La comerciante Emirlendris Benítez, el coronel José Gámez, el general Héctor Hernández da Costa, María Auxiliadora Delgado, Orlando Laufer o el activista Javier Tarazona padecen graves condiciones de salud que requieren atención médica especializada.
Juan Carlos Marrufo, italo-venezolano, ingeniero eléctrico y María Auxiliadora Delgado, hispano-venezolana, licenciada en turismo esposos y presos políticos, fueron detenidos por primera vez el 19 de marzo de 2019 en su vivienda en Valencia, Estado Carabobo, por funcionarios de… pic.twitter.com/xVEdHptITV
— Foro Penal (@ForoPenal) January 16, 2026
También está el caso de los sindicalistas William Lizardo y José Elías Torres, quienes se encuentran en desaparición forzada al igual que el exdiputado Fernando Orozco y su familia, 31 condenados por la operación Gedeón (2020) o 16 militares con condena cumplida que fueron sacados de la cárcel de Ramo Verde en noviembre pasado.
Asimismo, el ingeniero Darío Estrada, dentro del espectro autista, está detenido desde el año 2020 y recluido actualmente en la cárcel de Yare II.
En Venezuela también permanecen detenidos de forma arbitraria dos indígenas: la capitana del Ejército Rocío del Valle Fernández (etnia Wayuu), presa desde agosto de 2024 y condenada, y el obrero Alain José Linares (etnia Puinave), detenido desde octubre de 2025.
– 𝗥𝗼𝗰í𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗩𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗙𝗲𝗿𝗻á𝗻𝗱𝗲𝘇 𝗛𝗲𝗿𝗻á𝗻𝗱𝗲𝘇, Presa Política de 44 años de edad, Capitán del Ejército Bolivariano y perteneciente a la etnia Wayuu.
El 16 de agosto de 2024, se le notificó que debía presentarse para una entrevista con la Dirección General de… pic.twitter.com/TYM1m1PIWd
— Foro Penal (@ForoPenal) January 12, 2026
¿Por qué hay cifras distintas?
Una de las preguntas de familiares y sociedad en general es por qué el número de presos políticos varían de acuerdo a la organización. La razón es sencilla: aunque con un criterio casi unificado sobre lo que consideran un detenido por razones políticas, las denuncias son las que alimentan sus bases de datos y, en consecuencia, las acciones que puedan lograr para su liberación.
El Foro Penal y la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, las principales organizaciones que llevan un recuento de casos, han insistido en que sus datos son un subregistro de la realidad. Esto debido a que muchas familias son amenazadas o tienen temor de nuevas acciones contra su núcleo si hacen pública una detención arbitraria por razones políticas.
Un ejemplo de ello lo visibilizó el Comité por la Libertad de Presos Políticos (Clippve). Solo en cuatro días recibieron un centenar de nuevos casos en vista del proceso de excarcelaciones y la posibilidad de que su familiar sea beneficiado. El Foro Penal ha recibido una cantidad de denuncias, por encima de la centena, que actualmente están en revisión por parte de los activistas para determinar si efectivamente entran en la categoría de detenidos arbitrariamente por razones políticas.
Diferencias con otros procesos
Gonzalo Himiob, director vicepresidente del Foro Penal, indicó que en las experiencias previas se ha demostrado que “el número real de presos políticos excarcelados no coincide con los números que se anuncian desde el poder.
Por eso hemos hecho un llamado a la transparencia, insistió el abogado.
La organización ha solicitado, recordó, “que se nos aclare bien cuáles son los criterios que se están utilizando y quienes son, en efecto, los que resultan favorecidos con estas excarcelaciones”.
También resaltó que una diferencia fundamental de este proceso que empezó el 8 de enero con los anteriores “es que es la primera vez que se anuncia formalmente que se van a dar excarcelaciones significativas o masivas, tal como lo dijo el señor Jorge Rodríguez. Sin embargo, debo recordar que en virtud de esto que llamamos la puerta giratoria, a lo largo de todos estos años, las encarcelaciones, así sean a cuentagotas, no han cesado. El problema es que antes estas excarcelaciones se daban y las celdas eran vueltas a llenar de inmediato con nuevos encarcelados y esperamos que eso no ocurra en este proceso”.
Marta Tineo, coordinadora general de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, coincidió en la opacidad institucional, la falta de anuncio previo o perspectiva de derechos humanos en esta ronda de excarcelaciones.
La experta añadió además que es un “proceso que está resultando altamente revictimizante por la falta de transparencia. Las familias entraron en un bucle de angustia e incertidumbre, tienen más de una semana frente a las puertas de las cárceles, ya hemos visto descompensaciones a causa de la ansiedad y las condiciones en las que se encuentran”.
Bajo medidas cautelares
Los presos políticos que han sido excarcelados en estos 10 días salen con medidas cautelares, según han podido comprobar las diversas ONG. Esto incluye la prohibición de salir del país o de su estado, presentación periódica a tribunales, prohibición de hablar sobre su caso o uso de redes sociales.
Este tipo de medidas se registran al menos desde 2014. El Foro Penal tiene registros de que al menos 10 mil personas «siguen sujetas, arbitrariamente, a medidas restrictivas de su libertad».
El Comité ha reclamado que algunas de estas medidas, como la presentación semanal, quincenal o mensual ante tribunales representa un costo elevado para los excarcelados e interrumpe sus trabajos, especialmente para aquellos que viven fuera de Distrito Capital pero sus causas permanecen en tribunales antiterrorismo con sede en Caracas.
Contradicción institucional
La «opacidad institucional» que han reclamado organizaciones de derechos humanos no se ha disipado con las declaraciones de altos funcionarios. En una primera declaración, Jorge Rodríguez se limitó a informar de «un gran número».
Tres días después, el Ministerio de Servicio Penitenciario aclaró que «se habían concretado» 116 excarcelaciones. El martes 13, el diputado Jorge Rodríguez prometió hacer pública una lista con los datos de las personas que han recibido medidas cautelares, pero hasta el momento no se ha dado a conocer. La promesa fue hecha al diputado Luis Florido, e incluso se atrevió a incluir dentro de la lista de más de 400 excarcelados a aquellos desde diciembre de 2024.
Pero el 14 de enero surgió una nueva cifra y explicación: Delcy Rodríguez aseguró que se habían concedido 406 medidas cautelares de libertad desde diciembre de 2025. También dijo que el proceso de excarcelaciones «no ha culminado aún» y que se mantiene, coordinado con el sistema de justicia del país; específicamente a cargo del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
