Sebin allanó la residencia de María Lourdes Afiuni en la búsqueda de su hija
Tarek William Saab emitió una orden de aprehensión contra José Ignacio Hernández y sus colaboradores dentro de la Oficina del Procurador Especial, Irene de Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni, por presuntos delitos de traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir
Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la residencia de la jueza María Lourdes Afiuni, presa política del régimen entre 2009 y 2013, con la intención de buscar a su hija, Geraldine Afiuni, para detenerla por supuestos cargos de traición a la patria.
Una orden de allanamiento publicada en la cuenta de Twitter del director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, detalla que el procedimiento se llevó a cabo en un edificio ubicado en El Hatillo perteneciente a la exjueza.
URGENTE: Están allanando la casa de la jueza Afiuni, quien fue arbitrariamente procesada y detenida por el régimen venezolano por otorgarle libertad condicional a un opositor a Chávez para cumplir con una resolución de la ONU. Solicitamos la intervención directa de @mbachelet. pic.twitter.com/nKc7aVIXCZ
— José Miguel Vivanco (@VivancoJM) July 16, 2020
El documento fue expedido por un Juzgado Estadal con competencia en casos vinculados con delitos asociados al terrorismo con fecha 6 de julio, a pesar de que fue ejecutado 10 días después. Los funcionarios no hicieron ninguna detención después de registrar la casa, donde se encontraba María Lourdes Afiuni.
Según reseñó El Estímulo basado en fuentes conocedoras del caso, la comisión del Sebin buscaban a Geraldine Afiuni, abogada que desde hace cinco años vive fuera de Venezuela y que trabajaba con José Ignacio Hernández, exprocurador especial designado por Juan Guaidó.
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El pasado 31 de julio de 2019, el Ministerio Público inició una investigación contra Hernández por su rol como procurador del gobierno interino de Guaidó. A juicio del chavismo, era un actor activo en el «robo» de activos del Estado.
Posteriormente, el 3 de julio de 2020, el fiscal general impuesto por la asamblea constituyente, Tarek William Saab emitió una orden de aprehensión contra varios miembros del equipo de Guaidó, incluyendo a Hernández y sus colaboradores dentro de la Oficina del Procurador Especial, Irene de Lourdes Loreto y Geraldine Afiuni.
La fiscalía acusó a estas tres personas y a otros colaboradores de Guaidó de «traición a la patria, usurpación de funciones y asociación para delinquir», según informó Saab.
