Se alzó el General, por Teodoro Petkoff
Si el Gobierno quisiera, por un momento, dejar de mirarse el ombligo, para echar un vistazo a su alrededor, podría comprender sin mayor dificultad que la inquietud y el malestar castrense, vívidamente iluminado por la propia cúpula militar (para mejor conocimiento de quienes pensaban que no eran sino bolas), no es pura cuestión de sueldos y salarios -como cree ese típico político de la Cuarta República que nos ha resultado José Vicente-, sino que atañe al modo mismo como se conducen los asuntos públicos. Los militares están arrechos porque sienten que el país está muy mal gobernado, por un grupo amateur de buscapleitos, que lo ha enguerrillado, e intuyen, no sin razón, que los platos rotos de este desastre los va a pagar la FAN porque, con razón o sin ella, el Gobierno es percibido como de la institución armada. El comunicado del Alto Mando ha sido la guinda del coctel porque hasta un sargento de tropa se da cuenta de que se trató de un monumental error político -la demostración, precisamente, de lo que piensan de la caimanera de incompetentes que dirige el manager Hugo Chávez.
Hay tres ejemplos de esa metódica que ha creado esta escandalosa crispación de los ánimos. La Ley de Hidrocarburos, la de Tierras y la de Educación. Son tres textos que por el ámbito que abarcan pueden ser considerados como unas «subconstituciones», ya que atañen a la vida de todos los venezolanos. Un Gobierno sensato habría impulsado la discusión de las dos primeras del modo más amplio y participativo posible. No las habría incluido en la Habilitante sino que habría hecho del Parlamento el escenario para el debate y para la incorporación a éste de los más diversos sectores nacionales. No lo hizo así, sino que confinó la discusión a unos pequeños grupos, casi secretos, rodeando a la Ley de Tierras del más absoluto misterio, y reduciendo la de Hidrocarburos a una ficción de debate entre expertos que no tenían escenario para procesar sus diferencias.
¿Resultado? Hoy, a última hora, con la Ley de Hidrocarburos virtualmente aprobada, se alzó el general Guaicaipuro Lameda y la cuestionó severamente. ¿Lo van a acusar de «escuálido», de «agente de las transnacionales», de «privatizador de Pdvsa»? Por otro lado, la Ley de Tierras está generando una reacción social de impredecibles consecuencias. En cambio, la Ley de Educación, ya casi aprobada después de un debate que incorporó a los más distintos sectores, está amenazada por el bate 38 que blande Chávez. Justamente, donde se construyó un consenso, Chávez quiere destruirlo del modo más brutal posible. Hoy se da la paradoja de que sectores no propiamente afectos al Gobierno toman la calle para respaldar una ley ya casi aprobada por un Parlamento dominado por el Gobierno pero a la cual éste mismo pretende desconocer. Mayor suma de torpezas, imposible.
Si el Gobierno quisiera mirar el hueco donde va a caer, lo que debería hacer es enviar las leyes de Hidrocarburos y de Tierras a la Asamblea Nacional, para que se abra un debate «participativo y protagónico», y dejar que culmine en sana paz la discusión sobre la de Educación. Pararle bola a Guaicaipuro y meter en el congelador al gran embrollador de la comarca que es el ministro de Educación, sería un indicio de lucidez. ¿Es demasiado pedir?
