Sargento Darwin Solís denuncia en una carta las torturas que sufrió por la Dgcim
El sargento Darwin Solís fue detenido el 6 de agosto de 2017 por una comisión del Conas y la Dgcim en Naguanagua, estado Carabobo, por su supuesta vinculación al asalto del fuerte Paramacay. Desde el primer instante, afirmó, fue «golpeado, pateado, arrastrado y azotado con objetos contundentes (maderos y culatas de armas), incluso después de que ya me habían amarrado de manos y pies»
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El sargento Darwin Antonio Solís Benítez, uno de los militares detenidos por el asalto al fuerte Paramacay, denunció en una carta manuscrita las torturas que sufrió desde el momento de su captura por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
En la misiva, difundida por la abogada Tamara Suju en redes sociales, el sargento detalló las torturas que, aseguró, fueron ordenadas por Iván Hernández Dala, entonces director de la Dgcim, y el coronel Franco Quintero, director de investigaciones para la fecha. Los funcionarios del organismo lo llamaron un «trato especial».
Darwin Solís explicó que fue detenido el 6 de agosto de 2017 por una comisión del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y la Dgcim en Naguanagua, estado Carabobo. Desde ese momento fue «golpeado, pateado, arrastrado y azotado con objetos contundentes (maderos y culatas de armas), incluso después de que ya me habían amarrado de manos y pies».
Debido a las golpizas, fue trasladado de urgencia al hospital Carabobo donde le dieron primeros auxilios y fue suturado de los golpes. Una comisión de la Dgcim lo trasladó al llamado «hospitalito» de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde también fue golpeado y amenazado por funcionarios.
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— Tamara Suju (@TAMARA_SUJU) May 27, 2026
Tras pasar un día en ese lugar fue llevado a la sede del Dgcim en Boleíta, donde «me recibieron con una golpiza y me obligaron a permanecer la noche en cuclillas. Durante todo el tiempo estuve con una capucha».
El 8 de agosto fue forzado con nuevas golpizas a firmar unos documentos que no pudo leer. Inmediatamente, fue trasladado en helicóptero al Fuerte Paramacay, donde lo recibieron Hernández Dala y Franco Quintero, que ordenaron el «trato especial».
Ese «trato especial» fue descrito por Solís: «Me golpeaban con una tabla por la planta de los pies, las rodillas, los codos y los glúteos, cortaban por debajo del tabique de mi nariz con un plástico y lo estiraban hasta la frente, me asfixiaron hasta perder la conciencia, creo que más de diez veces».
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Al caer la tarde fue arrojado en un montón de basura, cubierto de moscas. Al oscurecer lo sacaron y «martillaron las uñas de mis manos con los cañones de los fusiles». Dos días después, el 10 de agosto, fue trasladado nuevamente a Caracas y presentado ante el Tribunal Militar 3° de Control «descalzo, en shorts, ensangrentado, con el cuerpo cubierto de hematomas y apenas pudiendo caminar».
El juez Maikel Amezquita Pío, el fiscal teniente Ever Montero y la secretaria Brenda Manzanilla lo vieron en ese estado, pero no ordenaron ninguna investigación por las evidentes torturas que sufrió, pese a lo que dice la legislación nacional sobre estos crímenes. El juez ordenó su reclusión en el Centro Nacional de Procesados Militares Los Teques, mejor conocido como la cárcel de Ramo Verde.
Desde entonces, Solís denuncia que la Dgcim visitó reiteradamente el centro para torturar a los reclusos y describió tres episodios concretos:
- El 12 de octubre de 2017, cuando por orden del director de Ramo Verde en ese entonces, José Ramón Boston Silva, sacaron a un compañero y le pusieron una capucha con gas pimienta.
- El 14 de enero de 2018, cuando golpearon a reclusos con tablas, patearon al capitán Jorge Páez y a Giulianny Espinoza y «metieron corriente en los testículos»
- El 17 de mayo de 2018, cuando tras tumbar la puerta de la celda los gasearon, golpearon con cascos y los hicieron «morder por un perro de ataque».
La abogada Tamara Suju dijo que está «prohibido olvidar los horrores de los que han sido víctimas por el régimen». En días pasados también se han visibilizado casos como el de Yanín Pernía, condenada por el llamado «caso de los drones», quien denunció torturas y violencia sexual por parte de funcionarios de la Dgcim y el Sebin tras su arresto arbitrario. El Ministerio Público y la Defensoría la entrevistaron para conocer detalles de la denuncia hecha por sus familiares.
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