Saab: «No se puede tipificar que en Venezuela existan crímenes de lesa humanidad»
Tarek William Saab afirmó que la competencia de la Corte Penal Internacional se limita a los crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional, pero que esa institución «no sustituye a la legislación penal del país. Tiene un carácter complementario», dijo
El fiscal nombrado por la constituyente Tarek William Saab, señaló este lunes 9 de noviembre que en su visita a la Corte Penal Internacional (CPI), aprovechó para invitar a Venezuela a la titular de ese organismo, Fatou Bensouda.
En una rueda de prensa desde la sede del Ministerio Público en Caracas, en la que estuvo acompañado por el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, Saab señaló que Bensouda le informo en el caso del país la CPI adelanta dos casos: la llamada Venezuela I y Venezuela II.
La primera se refiere a las acusaciones que pesa sobre el gobierno de Nicolás Maduro, por “presuntos delitos cometidos desde al menos abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones” contra el régimen. En ese entonces, 165 personas resultaron asesinadas por la represión gubernamental.
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La segunda investigación, está relacionada con presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos “como consecuencia de las sanciones de EEUU”, según declaró Saab.
Si la CPI decide investigar a Venezuela por delitos contra los DDHH, el fiscal nombrado por la constituyente aseguró que demostrará cómo “se han investigado (esos casos) y los responsables han podido ser individualizados. Estos han sido sancionados con todo el peso de la Ley”.
“No se puede tipificar que en Venezuela existan crímenes de lesa humanidad porque no han ocurrido ataques contra grupos de civiles en específico. Si ocurriesen serían sancionados con todo el peso de la Ley”, dijo Saab.
En la rueda de prensa, aseguró que en la reunión que sostuvo con la fiscal de la CPI en La Haya reafirmó su “disposición de colaborar con la Corte Penal Internacional y remitir la información solicitada sobre las investigaciones realizada por el Ministerio Público”.
Por otro lado, aseguró que la CPI “no ha iniciado una investigación (contra Venezuela), pese a los esfuerzos de medios para transmitir noticias falsas”.
Saab afirmó que la competencia de la Corte Penal Internacional se limita a los crímenes más graves, de trascendencia para la comunidad internacional, pero que esa institución “no sustituye a la legislación penal del país. Tiene un carácter complementario”, dijo.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz detalló que expusieron ante la fiscal de la CPI “la situación con el gobierno de España, que aún no extradita al presunto responsable de la quema de Orlando Figuera ni tampoco lo ha juzgado en su territorio”.
Asismismo, dijo que le comunicó a Fatou Bensouda que las sanciones de Estados Unidos “le han impedido al Estado la compra alimentos, medicamentos y continuar con tratamientos de suma importancia”, acusaciones que representantes del gobierno norteamericano han señalado en diversas oportunidades que no forman parte de las sanciones contra Venezuela.
Informe de la ONU
La Misión Internacional Independiente de la ONU, que investiga los casos de violación de DDHH en Venezuela desde 2014, emitió un comunicado el 16 de septiembre de este año para informar que tanto el mandatario Nicolás Maduro, como varios funcionarios de su gabinete ministerial y las fuerzas de seguridad están vinculados con posibles crímenes de lesa humanidad.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión, vía comunicado.
Este organismo independiente investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen dentro de investigaciones exhaustivas dentro de un informe compuesto por 443 páginas. También estudió otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.
«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», agregó Valiñas.
Fueron investigados de manera profunda 16 casos de operativos realizados por las fuerzas de seguridad del Estado que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, así como también examinaron 2.552 casos donde los organismos de seguridad tuvieron la responsabilidad de 5.094 muertes.
Mencionaron las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) durante su actuación entre 2015 y 2017, así como las actuaciones de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (FAES-PNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), que según el organismo independiente de la ONU, estos dos últimos fueron responsables del 59% de las muertes en el periodo analizado (2014-2019) y autores de ejecuciones extrajudiciales.
