¿Quién tiene la culpa?, por Teodoro Petkoff
Edgar Hernández Behrens, Superintendente de Bancos, ha enviado una comunicación a este diario en la cual se queja de que «más allá de la veracidad o no del contenido de la información presentada» en la edición del 1º de diciembre, sobre la crisis y la intervención de la bolibanca, «la mención de la misma en los términos expresados puede tener repercusiones de carácter negativo en el Sistema Bancario y Financiero nacional».
Finaliza «exhortando» «a ese Diario y a sus columnistas al manejo en forma adecuada de la información, toda vez que su actuación podría estar enmarcada en el supuesto tipificado en el artículo 448 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras».
La información a la que se refiere (copia de la cual adjuntó a su misiva), además de glosar la declaración de Alí Rodríguez sobre intervención y liquidación de los bancos de Ricardo Fernández, transcribía también una breve declaración sobre la colocación de fondos públicos en esos bancos. Podemos comprender la preocupación del Superintendente de Bancos, pero nos da impresión de que equivocó el destinatario.
Es al Presidente a quien debía dirigirse. Quien primero mencionó la colocación de dineros del Estado en los bancos de Ricardo Fernández y Perucho Torres fue el propio Chávez, en su programa dominical de hace dos semanas, cuando citó a Miraflores al presidente de Banfoandes, Alejandro Andrade, reclamándole que hubiera colocado dineros de esa institución en los susodichos bancos, en lugar de «darle préstamos al pueblo». Las cifras sobre tales colocaciones aparecen en los informes de la propia Sudeban y están al alcance de todos los interesados.
Quien las cita no hace otra cosa que apoyarse en datos proporcionados por la institución que dirige Edgar Hernández Behrens.
Pero, esto no fue nada comparado con las imprudencias del primer mandatario al referirse al sistema bancario en general. Si alguna declaración podía propender «a la formulación de especulaciones en la sociedad que podrían desembocar en su desestabilización y afectar la economía nacional», como dice en su carta el Superintendente, fue la de Chávez afirmando que no le «temblaría la mano» para estatizar todo el sistema bancario. Años atrás, si la credibilidad de Chávez no estuviera tan averiada, ante tamaña amenaza media Venezuela habría corrido a sacar su plata de los bancos. Pero ahora, cuando su palabra está más devaluada que el bolívar, la gente, afortunadamente, se quedó tranquila. Alguien –tal vez el propio Hernández Behrens– le aconsejó más mesura al Presidente, o quizás él mismo se dio cuenta de su disparate, y al día siguiente remendó el capote y después todo fueron amapuches con la banca privada, de la cual, muy sensatamente, por lo demás, pidió y obtuvo la colaboración para hacer frente a las consecuencias de la intervención de la bolibanca.
No fue TalCual quien creó una banca chimba, ni son funcionarios de TalCual los que, desde posiciones de poder político, se encompincharon con los boliburgueses para desfalcar al país. Estos son los «desestabilizadores». Es a ellos a quienes se debe aplicar con todo vigor la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Las funciones del Superintendente son las de supervisar la banca y no la de censurar los medios.
