Transparencia identificó 719 bienes en el exterior producto de la corrupción venezolana
Transparencia Venezuela resaltó que ha logrado identificar 719 bienes en el exterior producto de las múltiples redes de corrupción venezolana, la mayoría de ellos ubicados en Estados Unidos. Estos van desde cuentas corrientes, inmuebles, palacios, castillos, hasta joyas, caballos, vehículos, aviones
De acuerdo con la investigación de Transparencia Venezuela, la persona con más bienes decomisados es el extesorero de la nación Alejandro Andrade Cedeño, con 87 propiedades en EEUU
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, señaló que la organización ha logrado identificar 719 bienes en el exterior producto de las múltiples redes de corrupción venezolana, la mayoría de ellos ubicados en Estados Unidos y sobre los cuales faltan procesos judiciales para transformarlos en activos líquidos que puedan ser usados como pagos de deuda o reparaciones a víctimas de esa corrupción.
Estos 719 bienes representan alrededor de cuatro mil millones de dólares, explicó De Freitas durante el evento «Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas». Sin embargo, de esta cantidad solo están definitivamente decomisados 287, valorados en poco más de 1.300 millones de dólares, a 113 personas y empresas.
La experta recordó que para que estos bienes pasen a ser decomisados y dispuestos efectivamente debe existir una sentencia de un tribunal. Señaló además que la mayoría de estos bienes congelados o confiscados se distribuyen en 21 países, mientras que Estados Unidos reúne 30% de los casos.
Estos van desde cuentas corrientes, inmuebles, palacios, castillos, hasta joyas, caballos, vehículos, aviones.
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De acuerdo con la investigación de Transparencia Venezuela, la persona con más bienes decomisados es el extesorero de la nación Alejandro Andrade Cedeño, con 87 propiedades en EEUU.
En la categoría de bienes sujetos a decomiso la persona que más acumula propiedades u objetos de valor es María Lila Bravo con 116 bienes. Es esposa del empresario zuliano Roberto Rincón Fernández, quien en 2016 se declaró culpable por su papel en una trama para asegurar contratos de la empresa Petróleos de Venezuela. En 2023 un juez federal en Texas lo sentenció a 18 meses de prisión.
Corrupción sin fronteras
La periodista
«Cuando hablamos de corrupción hablamos de dinero robado, pero quizás el reto más grande es poder lograr que esos activos se vuelvan justicia en beneficio de la población a la que se robó, y en el caso venezolano van a ser activos fundamentales para la reconstrucción del país», afirmó Márquez.
La experta resaltó que la recuperación de estos dineros desviados producto de la corrupción requiere de la cooperación de todas las partes; sin embargo, Venezuela en estos momentos no tiene condiciones de proveer esas condiciones, pues se requiere de separación de poderes, transparencia en cuentas públicas y garantías de que el dinero no sea producto de este flagelo nuevamente.
Recordó además que hay distintas clasificaciones: el dinero confiscado por casos de narcotráfico, los bienes congelados en cuentas extranjeras que pertenecen al Estado venezolano y bienes confiscados por corrupción. Solo para este último apartado, Inrav ha hecho una propuesta de un fondo especial para proteger este dinero y que sea regresado a Venezuela a través de mecanismos especiales.
Este fondo especial, indicó, tiene cuatro objetivos fundamentales: apoyar la reinstitucionalización del país, la defensa de los derechos humanos, apoyo a libertad de expresión a través de medios independientes y el combate a la corrupción.
Márquez detalló que Inrav ha logrado identificar 80 casos procesados en EEUU, con un total de órdenes de confiscación de 3.900 millones. «Esto no significa que (todo el monto) esté disponible. Hemos logrado confirmar, de esos 80 casos, 60 generaron órdenes de confiscación y 600 millones ya están líquidos».
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
