Presa de Chávez, por Teodoro Petkoff
Lo que está ocurriendo con la jueza María Lourdes Afiuni tiene todos los visos de una venganza personal. La sevicia con la cual está siendo tratada esta ciudadana, detenida y sometida a juicio por el caso de la libertad de Eligio Cedeño, habla claramente de un ensañamiento particular, que probablemente tiene su origen en la insólita pretensión de Chacumbele de que sea condenada a treinta años de prisión. Autócrata al fin, que hace lo que quiere con el Poder Judicial, ya fijó la pauta para el comportamiento que las autoridades penitenciarias yjudiciales deben dar a la doctora Afiuni. La orden se está cumpliendo.
Nuestro editorial de ayer, que abordó el tema de la violencia de género y el maltrato a la mujer, debemos completarlo hoy con el maltrato que, en este caso, nada menos que el propio Estado venezolano está infligiendo a una persona que, por detenida y enjuiciada que esté, no puede ser violentada en sus derechos humanos. El espectáculo de hace dos días fue realmente vergonzoso e indigno. La doctora Afiuni fue trasladada al tribunal por veinte guardias nacionales, manteniéndola esposada durante todo el trayecto y durante su permanencia en el juzgado, como si se tratara de algún peligroso capo del narcotráfico. Encima de esto, el derecho al debido proceso viene siendo sistemáticamente vulnerado, según denuncian sus abogados defensores y según puede apreciar cualquiera, por lego que sea en asuntos tribunalicios.
¿Qué delito «horrendo» ha cometido la doctora Afiuni? En esta Venezuela de hoy nada menos que el de lesa majestad. Puso en libertad a un preso de Chávez, el banquero Eligio Cedeño.
Tremendo pecado. Más allá del juicio a este, sobre cuyo fondo no es de nuestra competencia pronunciarnos, ¿la decisión de la jueza, correcta o incorrecta, merece el trato que se le ha venido dando? En sana aplicación de lo que la propia ley prevé, para hacer frente a eventuales comportamientos dudosos por parte de jueces, todo lo actuado contra la jueza Afiuni ha estado signado por la irregularidad.
Comenzando por la propia intervención de Chacumbele, ordenando su detención y pidiendo a grito pelado treinta años de prisión para ella, tomándose atribuciones que en modo alguno posee la presidencia. De allí en adelante, lo que ha ocurrido revela que la «solicitud» de Chacumbele no fue asumida por los jueces como una «metáfora», sino como lo que realmente fue: una orden. Chávez la metió presa y quiere que le echen encima muchos años de prisión. Los jueces en este país no están para discutirle a Chacumbele ni para actuar conforme a derecho. La Ley es Chacumbele y juez que no proceda conforme a este principio sacrosanto de la «revolución» debe atenerse a las consecuencias. No es la jueza Afiuni la primera en ser destituida por no sentenciar conforme a la voluntad del régimen. Todavía está fresco el recuerdo de lo que le ocurrió a la jueza Alicia Torres, destituida también porque una decisión suya, en el caso Zuloaga, desagradó al Poder. Pero la crueldad con la cual se está actuando contra la jueza Afiuni, la violación de sus derechos y el trato brutal que se le da, constituyen una verdadera infamia.
